Una veintena de organizaciones ha pedido al Gobierno que garantice el acceso global a la vacuna de la farmacéutica Hipra, la primera vacuna contra la Covid española y desarrollada con inversión pública, que está a punto de comenzar la tercera fase de los ensayos clínicos, etapa previa a su aprobación definitiva.
Las organizaciones reclaman por carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se impongan condiciones en los contratos de financiación para garantizar que las licencias de las vacunas Covid-19 desarrolladas con dinero público no sean exclusivas, asegurando así el acceso a ellas.
Piden que la vacuna de Hipra y las que desarrolla el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) se incorporen a C-TAP, la plataforma impulsada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para compartir el conocimiento y la propiedad intelectual de las vacunas y de otras herramientas contra la Covid-19.
El documento recalca que los acuerdos de financiación firmados durante la pandemia entre el Gobierno e instituciones o empresas, sean públicas o privadas, deben incluir condiciones que garanticen que los resultados de la investigación sufragada con ese dinero público tengan licencias no exclusivas para asegurar su acceso en todo el mundo, evitando los monopolios que provoca la propiedad intelectual cuando todo queda en manos de la industria farmacéutica.
Para la investigación y el desarrollo de la vacuna, recuerdan las entidades, la compañía ha recibido millones de euros de inversión pública. Entre otras partidas, ha obtenido 15 millones en ayudas públicas para la fase IIb/III de los ensayos clínicos, según anunció hace unos meses la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morat.
Sin embargo, afirman las organizaciones, "nada garantiza que cuando la vacuna empiece a producirse pueda llegar a todas las personas que la necesiten dentro y fuera de nuestras fronteras". Por ello, a Pedro Sánchez que "se encuentra en el ámbito de sus responsabilidades la búsqueda de fórmulas que coloquen como objetivo central la salud pública y propongan a las empresas una remuneración adecuadamente proporcional a sus esfuerzos de inversión".
El documento recalca que los acuerdos de financiación firmados durante la pandemia entre el Gobierno e instituciones o empresas, sean públicas o privadas, deben incluir condiciones que garanticen que los resultados de la investigación sufragada con ese dinero público tengan licencias no exclusivas para asegurar su acceso en todo el mundo
Las organizaciones también recuerdan que el momento actual es "o clave", ya que en los países de bajos ingresos se ha vacunado con dos dosis solo al 10% de la población. "La causa son los monopolios de las vacunas que han limitado la producción y elevado los precios junto con el acaparamiento de vacunas desencadenado entre los países que pueden pagar los precios impuestos por contrato por las farmacéuticas", afirman.
Sin embargo, aseguran, la estrategia debería ser la contraria, "aumentar la producción y diversificarla en todas las regiones del mundo fortaleciendo los sistemas sanitarios". Se trata, en definitiva, de "mejorar la respuesta de todos los países a los desafíos globales de salud publica".
La carta está firmada por Salud por Derecho, Médicos del Mundo, Asociación por un Acceso Justo al Medicamento, Organización Médica Colegial, No Gracias, Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), Amnistía internacional, Oxfam Intermón, Confederación Intersindical, CEAV, Confederación Intersindical Galega, Valencia Saludable y medicusmundi Mediterránea.
Además de por la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo (CONGD), Farmamundi, Plataforma de afectados por hepatitis C (PLAFH), medicusmundi, Comisiones Obreras - CCOO, Unión General de Trabajadores - UGT, Right2Cure - Campaña Non Profit on Pandemic EU, Intersindical Valenciana, ACDESA PV, y AVUSAN Asociación Valenciana de Usuarios de Sanidad.