La Sociedad Española de Farmacia Clínica, Familiar y Comunitaria (Sefac) ha señalado que la decisión del Ministerio de Sanidad de administrar una segunda dosis de la vacuna de Pfizer en lugar de AstraZeneca para inmunizar contra la Covid-19 a los pacientes pendientes de completar su pauta "reincide en el error de no apoyarse en la evidencia científica disponible y no cuenta con el consenso necesario".
Sefac, como ya expuso el pasado mes de abril, al igual que otras sociedades científicas, considera que "no existen razones ni evidencias científicas que aconsejen demorar más la vacunación de los colectivos afectados y mucho menos hacerlo con una vacuna distinta a la inicialmente administrada, en este caso la vacuna de AstraZeneca". Esta opinión también fue respaldada en su día por la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés).
Si existen otras motivaciones para cumplir con la pauta prevista inicialmente "deben explicarse para que los colectivos afectados y el resto de la sociedad sean conscientes y puedan entender esta decisión que no goza del consenso necesario que debería regir las decisiones en materia de salud pública"
La decisión de Sanidad, que ha sido tratada en la Comisión de Salud Pública del Sistema Nacional de Salud (SNS), se apoya en el estudio realizado por el Instituto de Salud Carlos III (CombiVacs). Sin embargo, Sefac opina que los resultados preliminares de estudio "es muy limitado, tanto por su duración como por el número de pacientes incluidos en la muestra (menos de 700) y no supone una alternativa con garantías suficientes para la seguridad del paciente".
Sefac considera, además, que "ha faltado transparencia en la información referente a la realización de este estudio y que la decisión de Sanidad no puede justificarse en sus resultados, ya que el resto de la evidencia científica disponible no avala el uso de vacunas distintas y transmite un mensaje de confusión y desconfianza en la población hacia la seguridad de las vacunas".
Por ello, Sefac cree que si existen otras motivaciones para cumplir con la pauta prevista inicialmente "deben explicarse para que los colectivos afectados y el resto de la sociedad sean conscientes y puedan entender esta decisión que no goza del consenso necesario que debería regir las decisiones en materia de salud pública".