La Sociedad Española de Contracepción (SEC) y la Fundación Española de Contracepción (FEC), que celebra hasta el 10 de junio en Madrid su XVI Congreso Nacional, han propuesto seguir el modelo público de Baleares en la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) a nivel estatal y fomentar y dar a conocer el Plan Reproductivo que pueden tener las mujeres para evitar embarazos no deseados y proporcionar educación sexual a menores para evitar las malas prácticas sexuales.
Así lo han asegurado este miércoles en rueda de prensa la presidenta de la FEC, Paloma Lobo, y el presidente de la SEC, José Gutiérrez, quienes han lamentado que, durante la pandemia, se hayan visto vulnerados los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Este será el principal tema que se abordará durante la cita en el Teatro Goya, que reunirá a 500 profesionales, bajo el lema 'Los retos de la salud sexual y reproductiva tras la pandemia'.
"Nos parecía que había un choque de trenes en el tema de la objeción de conciencia porque según desde el punto de vista que lo veas parecía que los médicos tenían unos derechos que al final tenían que prevalecer sobre los demás y desde el punto de vista de las mujeres nos parecía que eso puede afectar a otros temas"
Ambos portavoces se han referido a la propuesta que han elaborado la SEC y la Sociedad Española de Ginecologia y Obstetricia, con el fin de conciliar el respeto a la objeción de conciencia y garantizar la prestación de la IVE, que en algunas comunidades tienen un servicio claramente público, como en Baleares con un 92 por ciento, tal y como ha indicado Gutiérrez, pero en otros casos, como en Andalucía o Madrid, tiene un carácter predominantemente privado.
"Nos parecía que había un choque de trenes en el tema de la objeción de conciencia porque según desde el punto de vista que lo veas parecía que los médicos tenían unos derechos que al final tenían que prevalecer sobre los demás y desde el punto de vista de las mujeres nos parecía que eso puede afectar a otros temas", ha explicado José Gutiérrez.
En este sentido, Gutiérrez ha recordado que existe un derecho en la Constitución Española que garantiza la libertad de pensamiento y pide "que las mujeres que hagan uso de la IVE no sean perseguidas por ello" y ha manifestado que, en numerosas reuniones con el Ministerio de Igualdad y el Ministerio de Sanidad, han solicitado que en la actualización de la Ley de de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo del año 2010, se contemple que los responsables de las Unidades de Obstetricia y Ginecología y las Unidades de Atención Primaria tengan, entre sus responsabilidades, la gestión del circuito por el que una mujer debe pasar desde que demanda una IVE hasta que la resuelve.
"Hemos sacado un documento bastante fiable y creemos que es un documento que al profesional le va a ayudar y sobretodo no permitirá que haya quien pueda decir que no se posicionó contra ese tema"
"El circuito siempre debe agilizar el proceso y no entorpecerlo, al igual que los profesionales. Un médico que se declare objetor lo debe de hacer de manera anticipada a la objeción y de forma individual. Si un profesional es objetor, no puede obstruir el camino de la mujer, ni antes de la IVE ni después, y si se complica la salud de la mujer debe actuar. Es un profesional objetor contra la IVE no contra la salud", ha sentenciado.
Al respecto, ha añadido que si un gestor profesional o administrativo pone "zancadillas" será denunciable. "Lo que queremos es normalizar la situación", ha defendido. Por ello, ha asegurado que la propuesta que han hecho llegar a los ministerios competentes propone que los poderes públicos estén obligados a gestionar las IVE.
"Hemos sacado un documento bastante fiable y creemos que es un documento que al profesional le va a ayudar y sobretodo no permitirá que haya quien pueda decir que no se posicionó contra ese tema", ha zanjado.