La ministra de Igualdad, Irene Montero, prevé tener el próximo mes de diciembre una propuesta de reforma de la ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, y ha anunciado que abordará el duelo perinatal.
"Una ley que incluya las necesidades de todas las mujeres, por ello recabaremos las aportaciones de mujeres jóvenes y mujeres con discapacidad. Una ley que aborde la salud menstrual y la anticoncepción. Una ley que aborde el duelo perinatal", ha subrayado Montero este miércoles durante su comparecencia ante la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados.
Asimismo, ha indicado que la ley reconocerá los llamados vientres de alquiler "como forma de violencia contra las mujeres" y como una forma de "explotación reproductiva".
Asimismo, la ministra de Igualdad ha precisado que no se puede "permitir que casi el 85% de las interrupciones voluntarias del embarazo se practiquen en clínicas privadas y que además las mujeres que acuden a esos centros sean hostigadas por grupos antiabortistas".
No se puede "permitir que casi el 85% de las interrupciones voluntarias del embarazo se practiquen en clínicas privadas y que además las mujeres que acuden a esos centros sean hostigadas por grupos antiabortistas"
Tampoco se puede asumir, según ha dicho, que se produzca violencia ginecológica u obstétrica o "que se vea cuestionado su derecho a interrumpir voluntariamente su embarazo porque en su hospital público de referencia no hay ni un sólo médico o médica que realice un aborto".
"¿Se imaginan, Señorías, que van al hospital porque les duele el pecho, o respiran con dificultad, pero no hay ni un solo cardiólogo, no hay ni un solo neumólogo que pueda atenderlas? Pues eso lo sufren diariamente numerosas mujeres que desean abortar y que no pueden hacerlo porque se usa de forma perversa el derecho constitucional y legítimo a la objeción de conciencia para limitar e impedir el derecho (también legítimo y fundamental) de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y su maternidad", ha añadido.
Por otro lado, ha indicado que "tampoco es de recibo" que "la educación sexual siga siendo un tema tabú" y, por ello, considera "imprescindible que la educación sexual se implante de manera obligatoria y en todas las etapas educativas". Asimismo, ha abogado por que los equipos docentes sean formados en una pedagogía basada en los derechos humanos.