El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo Marco para la adquisición de material sanitario y equipos de protección individual destinados al Sistema Nacional de Salud (SNS) y otras instituciones del Estado, por un importe económico total de 2.578.739.505 euros para casi 3.700 millones de unidades de producto.
La licitación del Acuerdo Marco se publicó en la Plataforma de Contratación del Estado el 4 de agosto, y esta medida se enmarca en el conjunto de actuaciones que el Ministerio de Sanidad está desarrollando para el abordaje de la crisis de la COVID-19.
Los productos engloban batas, guantes, gafas, mascarillas, tests moleculares COVID-19 y kits de extracción
El objetivo es agilizar el acceso a los suministros a través de una compra centralizada que evitará que las comunidades autónomas (excepto la Comunidad Valenciana que no se ha sumado al acuerdo), las áreas sanitarias de Ceuta y Melilla, el INGESA y los ministerios de Defensa e Interior, tengan que iniciar procesos de licitación cada vez que precisen un suministro.
Así, la finalidad del acuerdo es la selección de suministradores y productos para hacer frente al COVID-19, y la fijación de las condiciones a las que deberán ajustarse los suministros basados en el acuerdo marco. Los productos engloban batas, guantes, gafas, mascarillas, tests moleculares COVID-19 y kits de extracción.
El importe económico total de la adquisición es de 2.578.739.505 euros (IVA y prórroga incluidos) para casi 3.700 millones de unidades de producto. En cuanto al número de empresas presentadas en plazo han sido 155, que suman un total de 475 ofertas a los once lotes.
"Esta tramitación es la única opción posible para conseguir en un corto espacio de tiempo disponer, por parte del Sistema Nacional de Salud, del material necesario para hacer frente a cualquier eventualidad que pudiera producirse en los próximos meses en relación con la COVID-19", señala el Gobierno.
En estos momentos, el INGESA está analizando toda la documentación administrativa y técnica recibida con la colaboración de expertos de las comunidades autónomas, la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios y el Instituto de Salud Carlos III.
"Esta tramitación es la única opción posible para conseguir en un corto espacio de tiempo disponer, por parte del Sistema Nacional de Salud, del material necesario para hacer frente a cualquier eventualidad que pudiera producirse en los próximos meses en relación con la COVID-19"
Una vez resuelta la licitación, para lo que se está trabajando según los plazos fijados, los servicios de salud de las comunidades autónomas podrán realizar contratos basados en este acuerdo marco en función de sus necesidades específicas, sin tener que realizar ninguna licitación suplementaria.
El procedimiento de emergencia está recogido en los artículos 16 del Real Decreto-Ley 7/2020, de 12 de marzo y en el 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.