El presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), TomásCobo, ha apoyado que se "blinde" la sanidad pública, al tiempo que se "refuerza" la colaboración público-privada para "conseguir la mayor eficiencia".
"Blindar nuestro actual modelo sanitario universal, público y gratuito es proteger el eje del bienestar y la justicia social. Debemos dirigir todos nuestros esfuerzos hacia ese destino, al tiempo que reforcemos también la colaboración público-privada para conseguir la mayor eficiencia", ha comentado Cobo en declaraciones a Europa Press.
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de la Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salud (SNS) en el que, entre otros asuntos, se cierra la puerta a nuevos copagos, se evita que se privatice la sanidad pública y se garantiza la asistencia sanitaria universal.
La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) ha lamentado que el anteproyecto "no blinde la provisión pública"
La aprobación de esta norma fue anunciada el pasado sábado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante un mitin en Cártama (Málaga), donde aseguró que la ley servirá para blindar la equidad, la cohesión y la universalidad de la sanidad pública y evitar que "no se privatice por ningún gobierno de derechas en ninguna comunidad autónoma".
En concreto, el anteproyecto de ley "blinda" el Sistema Nacional de Salud (SNS) como un modelo de gestióndirecta; y modifica varias normas anteriores entre las que se encuentran la ley 14/86, General de Sanidad y la Ley 16/2003, de Cohesión y Calidad del SNS.
Del mismo modo, con esta normativa se va a poder garantizar la universalidad del derecho a la protección de la salud y la atención sanitaria, al tiempo que se amplía el derecho a otros colectivos como, por ejemplo, personas de origen española que viven en el exterior durante sus desplazamientos al territorio español y sus familiares.
Este anteproyecto amplía también la excepción del copagoortoprotésico a los colectivos más vulnerables (al igual que ha hecho con los copagos farmacéuticos) como las personas perceptoras del ingreso mínimo vital, pensionistas con rentas más bajas, menores con discapacidad reconocida y a personas de rentas bajas por hijo a cargo. Unos 6 millones de personas. También recupera la cartera común de servicios única y se cierra la puerta a nuevos copagos.
CRÍTICAS DESDE ASOCIACIONES Y DE LA SANIDAD PRIVADA
Sin embargo, la norma ha recibido críticas tanto de los sectores defensores de la sanidad pública como de la privada. Por ejemplo, la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) ha lamentado que el anteproyecto "no blinde la provisión pública" y consolide el modelo de mutualidades de funcionarios.
El Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (Fundación IDIS) ha criticado las declaraciones de Pedro Sánchex al considerar que “son el reflejo de una clase política que vive de espaldas a la realidad"
Así, y tras reconocer que contiene mejoras sustanciales sobre el anteproyecto, la organización ha criticado que siga abriéndose paso modelos privados que se dice serán "excepcionales", pero sin fijar criterios concretos para esa excepcionalidad, así como tampoco sistemas efectivos de control de la misma.
Por su parte, el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (Fundación IDIS) ha criticado las declaraciones del presidente del Gobierno al considerar que “son el reflejo de una clase política que vive de espaldas a la realidad y a los problemas del sistema sanitario”. Asimismo, sostienen que “no son acordes a la realidad de un SNS roto y acechado por la rigidez, la falta de dotación y recursos”.
Igualmente, lamentan que “es difícilmente entendible que los problemas que afectan al sistema sanitario público se sigan tratando de vincular a privatizaciones que además no son tales, obviando la gravedad de la situación y generando incertidumbre y confusión en la población.