La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) y el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) se han concentrado este miércoles frente al Congreso de los Diputados para reclamar un aumento de la financiación de la sanidad pública que evite su "desmantelamiento".
"Volvemos a vernos aquí, dos años después, frente a la Cámara de representación política para reclamarles a los portavoces de Sanidad y a los responsables políticos que de una vez por todas se sienten a escuchar las demandas de unos profesionales agotados que necesitan medidas urgentes para evitar que se desmantele el Sistema Nacional de Salud y poder seguir ofreciendo a los ciudadanos la asistencia sanitaria que merecen, esa que en tiempos pasados nos hizo presumir de tener 'la mejor sanidad del mundo'", ha lamentado el presidente de CESM, Tomás Toranzo, en su manifiesto.
El documento, que propone 15 extensas medidas para atajar los graves problemas de la sanidad española y de los médicos, ha sido recogido por parte de las diputadas del Partido Popular Ana Pastor y Elvira Velasco, quienes han acompañado a los médicos en la lectura del manifiesto.
Principalmente, los médicos han reivindicado "aumentar la financiación". "Ya que la sanidad no se puede mantener como lo hace actualmente: con el esfuerzo de los trabajadores. Hay que consolidar y garantizar la calidad del Sistema Nacional de Salud como uno de los pilares básicos del Estado del bienestar. Queremos un modelo de financiación estable y suficiente que permita contar con los Recursos Humanos y técnicos adecuados para atender de la mejor manera posible la demanda de asistencia por parte de los ciudadanos", ha esgrimido Toranzo.
Las guardias son otra de las reivindicaciones de los médicos: "Deben ser reconocidas como horas extras y abonadas como tal y también deben computar como tiempo de trabajo y tenerse en cuenta de cara a la jubilación"
Al respecto, han reivindicado que esta financiación sea finalista, es decir, que "el dinero destinado a Sanidad no se dedique a otros menesteres", así como que no haya "diferencias sustanciales" entre las comunidades autónomas. Igualmente, Toranzo ha señalado que se requiere más aportación pública: "la partida presupuestaria destinada a la sanidad pública no llega ahora al 6%, cuando en 2009 era un punto más. Nuestro objetivo es que llegue a la media de los países de la UE con los que debemos compararnos, es decir, al 7,5%".
Junto con mejorar en general el nivel de la sanidad pública, los médicos también se proponen recuperar derechos perdidos, como la pérdida de poder adquisitivo que han sufrido desde 2010. "Hemos sufrido recortes en algunos conceptos como pagas extra, trienios o salario base de los médicos y demás titulados superiores, lo que supone en total una pérdida de poder adquisitivo de más del 30% según la comunidad autónoma", ha explicado el representante de CESM.
De la misma forma, han apostado por restablecer la jornada de 35 horas en toda España. "Pese a que llegó a estar establecida en prácticamente toda España, con la crisis económica se volvió a las 37,5 horas de jornada semanales, y actualmente depende de si la comunidad presenta déficit o no para que puedan tener una u otra, lo que hace que la variabilidad en la jornada de los empleados públicos sea un hecho, algo que carece de toda lógica. Si se quitó por Ley, debe reponerse por el mismo sistema una jornada de 35 horas con carácter general para todos", ha expuesto.
Las guardias son otra de las reivindicaciones de los médicos: "Deben ser reconocidas como horas extras y abonadas como tal y también deben computar como tiempo de trabajo y tenerse en cuenta de cara a la jubilación. No se nos reconoce como trabajadores nocturnos y con carácter general con hacer guardias no se minora la jornada ordinaria. Son obligatorias, cuando deberían de ser voluntarias, pero a pesar de eso, ni siquiera se abonan cuando el médico se pone enfermo en muchas comunidades".
"Es preciso agilizar y coordinar los procesos de estabilización y urgente negociar la adaptación de lo previsto en la Ley 20/2021 al ámbito sanitario"
Con todas estas medidas, pretenden "acabar con la precariedad y temporalidad". "Actualmente se está intentando disminuir la temporalidad y la precariedad con una ley que aún no sabemos el recorrido que tendrá, y que tiene un encaje más complicado en Sanidad, más aún en una categoría deficitaria como somos los médicos. Por eso es preciso agilizar y coordinar los procesos de estabilización y urgente negociar la adaptación de lo previsto en la Ley 20/2021 al ámbito sanitario. En esta línea, es necesario exigir la negociación y aprobación de un estatuto específico para el personal facultativo que defina claramente y actualice las funciones y competencias que se han ido ampliando y modificando sin tener un respaldo legal que lo determine", ha reclamado Toranzo.
PLAN URGENTE PARA ATENCIÓN PRIMARIA CON FINANCIACIÓN FINALISTA
En la misma línea, el manifiesto urge a un "plan urgente" para la Atención Primaria con "financiación finalista". "Sabemos que la situación actual de Atención Primaria es crítica: la oferta resulta tan poco atractiva que los médicos más jóvenes no quieren trabajar en ella, por lo que las plantillas están cada vez más envejecidas y el recambio generacional está en peligro", recoge.
Por ello, los médicos piden que la AP tenga una financiación de al menos el 25% del gasto sanitario; agendas médicas que no superen los 30 pacientes; plantillas suficientes que permitan cubrir incidencias, donde cada médico de Familia tenga un máximo de 1.250 tarjetas sanitarias y 900 los pediatras; o herramientas de gestión que permitan eliminar las demoras como ocurre con las listas de espera quirúrgicas.
Al hilo, el presidente del CGCOM, Tomás Cobo, ha denunciado que el problema de la Atención Primaria "es grave" y "común" en todas las comunidades autónomas. "O se aborda con inmediatez o poco a poco se va a ir destruyendo. Si no se regula la precariedad, si no se dan incentivos para cubrir entornos rurales, si no se establece un plan, no haremos nada", ha criticado.
A su juicio, otro de los problemas con los que cuenta la AP es que las administraciones públicas "no cuentan con los profesionales". "Los de arriba deben recibir la información de los que estamos en la trinchera", ha sostenido.