La titular del Juzgado de lo Social número 1 de Ceuta ha condenado a la Dirección Territorial del Instituto de Gestión Sanitaria (Ingesa) por no facilitar suficientes equipos de protección a los sanitarios que combatieron durante los primeros 20 días de marzo contra el nuevo coronavirus en los centros de la Ciudad Autónoma.
La magistrada ha estimado así parcialmente la demanda interpuesta por el Sindicato Médico de la ciudad autónoma y ha condenado al Ingesa por "incumplimiento de la normativa en materia de prevención de riesgos laborales" al considerar "acreditado" que "durante los primeros 20 días de marzo" la Administración sanitaria no distribuyó de manera "adecuada" equipos de protección individual a su personal para hacer frente a la pandemia.
En la sentencia se señala que aunque el Ingesa hizo una gestión adecuada en el suministro de los mecanismos de prevención respecto a los médicos a su cargo durante prácticamente toda la pandemia, "dicho suministro no fue adecuado en la primera quincena de marzo, vulnerándose la normativa de prevención de riesgos laborales", según indica el Sindicato Médico en un comunicado, en el que se ha felicitado por la que es la tercera sentencia condenatoria a una administración pública sanitaria tras los casos de Huesca y Teruel.
Considera acreditado" que "durante los primeros 20 días de marzo" la Administración sanitaria no distribuyó de manera "adecuada" equipos de protección individual a su personal para hacer frente a la pandemia
En las tres primeras semanas de marzo, según la sentencia, "existió una distribución irregular de los materiales de prevención y de forma puntual los médicos pertenecientes al Servicio de Urgencias de Atención Primaria SUAP) al acudir a domicilios para toma de muestras, no dispusieron de batas impermeables, ni de batas HADA, sino que tuvieron que utilizar batas elaboradas por ellos mismos". "Igualmente, existió una escasez de guantes de talla L", añade.
Además de esto, la juez ha visto "muy creíble" para demostrar las deficiencias en el suministro de EPIS durante el periodo comprendido entre el 14 y el 26 de marzo la declaración de un facultativo que testificó que "al principio, cuando los médicos acudían a los domicilios para recoger muestras y tenían contacto con los pacientes, tuvieron dificultades para disponer de suficientes batas impermeables, se confeccionaron batas con bolsas de basura para protegerse y hubo dificultades para poder conseguir guantes de la talla L, ya que habitualmente se adquieren de talla mediana".
La parte demandante ha exigido a la Administración "que proteja a sus médicos y sanitarios ante los rebrotes que ya están azotando la península y que previsiblemente llegarán a la ciudad" y ha reclamado al Ingesa "que se comprometa a que no se repitan estos hechos en un futuro escenario y que sea una prioridad la protección de los sanitarios, ya que son la piedra angular del sistema de salud y sin ellos la población quedaría indefensa ante el virus".
El INGESA ha registrado 225 positivos de la COVID-19 en Ceuta desde la declaración del estado de alarma, un 14,5% de los casos en personal sanitario, aunque según los responsables de la Dirección Territorial en muchos casos el contagio no se produjo en el ámbito laboral.