La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) y el sindicato de Policía Nacional, JUPOL, se han concentrado este lunes frente a la sede de la Dirección General de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE) para protestar por los recortes sanitarios en las mutuas de funcionarios.
"Nos vemos obligados a salir a la calle para denunciar los recortes en la sanidad de las mutuas sin previo aviso. Como siempre sucede cuando hay una crisis, somos los primeros en sufrir los recortes en nuestras condiciones", ha lamentado el presidente nacional de CSIF, Miguel Borra.
"Como siempre sucede cuando hay una crisis, somos los primeros en sufrir los recortes en nuestras condiciones"
Hace dos semanas, CSIF, JUPOL y la asociación de la Guardia Civil JUCIL entregaron al Defensor del Pueblo "miles de quejas" por los recortes sanitarios que han sufrido los cuadros médicos y centros sanitarios en MUFACE, de la Justicia (MUGEJU) y de las Fuerzas Armadas (ISFAS) en toda España.
"Hemos dirigido estos casos al Defensor del Pueblo y esperamos que el Gobierno reconduzca esta situación. No puede ser que los empleados públicos siempre seamos los primeros en sufrir recortes y que hoy se vea mermada nuestra asistencia sanitaria", ha insistido Borra durante la concentración, a la que han asistido centenares de funcionarios, según CSIF.
Según denunciaron las tres entidades en rueda de prensa, estos recortes se han producido tras la firma del concierto sanitario 2022-2024 el pasado diciembre entre MUFACE y las aseguradoras sanitarias. "Esto viene derivado de la infrafinanciación del modelo por parte del Gobierno. Las aseguradoras dicen que no tienen dinero suficiente y no pueden llegar a acuerdos con los grupos hospitalarios con los que antes tenían convenios. Con lo cual los pacientes que se atendían hasta ahora no pueden acudir a sus centros habituales", explicó Borra.
De acuerdo con una encuesta realizada por las tres entidades, hasta el 50 por ciento de los funcionarios han sufrido recortes en su prestación sanitaria "sin previo aviso".
A lo largo del último mes, CSIF, JUPOL y JUCIL han recogido más de 5.000 encuestas donde se han constatado que en provincias de toda España se ha producido "pérdida de especialidades, reducción de médicos y especialistas, retirada de centros hospitalarios, problemas para la autorización de intervenciones o sellado de recetas y reducción en definitiva de la cartera asistencial".
De acuerdo con los datos recabados, el 50 por ciento de los funcionarios "han sufrido recortes sin previo aviso, han dejado de recibir asistencia por sus médicos habituales o han sufrido incidencias relacionadas con su asistencia sanitaria", lamentó Borra.
Asimismo, el presidente nacional de la organización sindical apuntó que un 14 por ciento ha visto limitado el acceso a su hospital habitual y le han propuesto que pague por una consulta médica o por continuar recibiendo un tratamiento. En la misma línea, el 25 por ciento de los encuestados asegura que le han limitado las pruebas para detección de la COVID-19.
Las situaciones más recurrentes que denuncia la encuesta son "la pérdida de médicos y especialidades en localidades", que implican el incremento de las listas de espera y el desplazamiento a otra ciudad para recibir atención. Los ámbitos y especialidades más citadas son Atención Primaria Dermatología, Digestivo, Psicología, Fisioterapia, Traumatología, Analítica, Pediatría o las urgencias durante los fines de semana.
"El plazo que tenemos para cambiarnos es en enero. Solicitamos que un funcionario pueda realizarlo cuando quiera oportuno, no solo en una fecha concreta"
El secretario general de JUCIL, Ernesto Vilariño, recordó que la mayor parte de los guardias civiles trabaja en el entorno rural, donde hay limitada expansión de los centros sanitarios que trabajan con mutuas. "Esto obliga a veces a realizar desplazamientos para una urgencia a poblaciones que están a 60 u 80 kilómetros. Hacemos un llamamiento a la administración y a las mutuas para que no dejen abandonados a los funcionarios en algo tan importante como la sanidad", insistió.
Otro de los puntos que resaltan desde CSIF, JUPOL y JUCIL es la necesidad de mejorar los plazos para poder cambiar desde la mutualidad hasta el Sistema Nacional de Salud (SNS), teniendo en cuenta que "el 80 por ciento de los funcionarios sigue eligiendo la asistencia a través de la mutua", detalló Borra.
"El plazo que tenemos para cambiarnos es en enero. Solicitamos que un funcionario pueda realizarlo cuando quiera oportuno, no solo en una fecha concreta", afirmó Rivero. "El funcionario está sujeto a traslados de provincia, creemos que debería darse la opción de cambiar en cualquier momento sin plazo alguno", añadió Vilariño.