El Grupo de la Ley Integral del Amianto, integrado por asociaciones de víctimas, sociedades médicas, civiles, científicas y ecologistas, ha instado nuevamente al Gobierno a trabajar en la propuesta de Ley Integral del Amianto para que llegue al Congreso de los Diputados en el año 2021.
La propuesta tiene como pilares la Resolución sobre los riesgos para la salud en el lugar de trabajo relacionados con el amianto y perspectivas de eliminación de todo el amianto existente (2012/2065 (IHI)), aprobada por el Parlamento Europeo en 2013 y al Dictamen del Consejo Económico y Social Europeo 'Erradicar el amianto en la UE' (2015/C 251/03), que insiste en el carácter prioritario que deben tener para los estados miembros y para las instituciones comunitarias la eliminación del amianto de forma segura, estableciendo el año 2032 como plazo máximo para la consecución de la plena erradicación del amianto en territorio europeo.
"Es necesario e inmediato una Ley Integral del Amianto que aborde la grave pandemia sanitaria"
Las organizaciones firmantes han pedido que Gobierno vaya "un paso más allá" en vista de la "gran pasividad" con la que se ha gestionado la situación del amianto en España, el "inaceptable deterioro" de muchas edificaciones con amianto y "vertidos ilegales" en entornos rurales y urbanos que supone exposición pasiva al amianto al conjunto de la sociedad, y conseguir el objetivo de que España esté libre de amianto en el año 2028, "para lo cual hay que trabajar desde ya y sin más dilación".
"Es necesaria una Ley Integral del amianto para evitar la desigualdad que se está generando entre victimas futuras, dependiendo de la Comunidad Autónoma de residencia, en función de las medidas legislativas que adopte cada una. Este principio de igualdad consagrado en el artículo 14 de la Constitución Española no puede ser vulnerado por los poderes públicos, amparándose en legislaciones sectoriales y delegación de competencias en dichas comunidades. Existe una obligación del reconocimiento a las víctimas del pasado y la creación de un Fondo de Compensación de Víctimas del amianto como existe en otros países europeos, así como proteger a las víctimas del presente, y evitar desigualdades en las víctimas futuro. Debe trasladarse el concepto de justicia social, al contexto del amianto", ha comentado la presidenta de A4 Asociación de Afectados por Amianto de Aragón, Susana Tirado.
"La inversión en salud ambiental y laboral es la mejor aliada para la prevención de enfermedades muy graves y letales como cáncer de pulmón o el mesotelioma, derivado de la exposición al amianto. Evitar la exposición al amianto, es invertir en evitar miles de muertes, que son evitables. Es necesario e inmediato una Ley Integral del Amianto que aborde la grave pandemia sanitaria, ya que no existe ninguna ley que obligue claramente a retirar el amianto deteriorado, ni que proteja a la población en general de la exposición al amianto, especialmente a población infantil, es que la más sensible a esta, porque tiene más años para desarrollar la enfermedad", ha indicado Laura Mezquita, oncóloga de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM).