El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha anunciado este martes la constitución de un grupo de trabajo sobre derechos reproductivos con el fin de identificar maneras de proteger el acceso a la atención médica para la interrupción del embarazo, después de que el Tribunal Supremo estadounidense anulase el precedente legal que permitía esta práctica.
El grupo de trabajo, que estará integrado por representantes de la División Civil del departamento, la División Civil de derechos civiles, así como otro tipo de oficinas dentro del organismo, contará con el apoyo de personal experto en la materia, según ha informado la Casa Blanca en un comunicado.
"Como ha dicho el fiscal general (Merrick) Garland, la decisión del Tribunal Supremo es un golpe devastador para la libertad reproductiva en Estados Unidos", ha señalado la fiscal general adjunta, Vanita Gupta.
"El Tribunal Supremo ha abandonado 50 años de precedente y ha eliminado el derecho constitucional al aborto, impidiendo que las mujeres de todo el país puedan tomar decisiones críticas sobre nuestros cuerpos, nuestra salud y nuestro futuro. El Departamento de Justicia está comprometido a proteger el acceso a los servicios reproductivos", ha agregado Gupta.
Este grupo de trabajo monitoreará y evaluará todas las leyes estatales y locales y las acciones de aplicación que amenacen con infringir las protecciones legales relacionadas con la búsqueda de atención reproductiva, deteriorar la capacidad de las mujeres de buscar atención reproductiva en aquellos legales donde sea legal el aborto, o deteriorar la capacidad de las mismas de obtener información y asesoramiento en dichos estados.
"El Tribunal Supremo ha abandonado 50 años de precedente y ha eliminado el derecho constitucional al aborto, impidiendo que las mujeres de todo el país puedan tomar decisiones críticas sobre nuestros cuerpos, nuestra salud y nuestro futuro"
Asimismo, el grupo de trabajo buscará acciones contra la prohibición de la mifepristona --medicación que se utiliza para abortar--, así como contra la imposición penal o civil de empleados federales que presten servicios de salud reproductiva.
"El grupo de trabajo identificará tales acciones y coordinará las respuestas apropiadas del Gobierno federal, incluidas las acciones legales proactivas y defensivas cuando corresponda. El grupo de trabajo trabajará con agencias de todo el gobierno federal para apoyar su trabajo en temas relacionados con los derechos reproductivos y el acceso a la atención médica reproductiva", ha detallado el Departamento de Justicia en el escrito.
Además, el organismo ha detallado que está trabajando con partes interesadas externas, como proveedores de servicios reproductivos, defensores y fiscales generales estatales. También trabajará colegios de abogados y organizaciones de interés público para alentar a los abogados a representar y ayudar a pacientes, proveedores y terceros que busquen legalmente servicios de salud reproductiva en todo el país.
"Para ayudar a los abogados que trabajan para proteger el acceso a servicios integrales de salud reproductiva, el grupo de trabajo centralizará los recursos legales en línea, como informes legales presentados por el Departamento de Justicia e información sobre la Ley de libertad de acceso a las entradas a las clínicas", ha detallado.