La pandemia de la Covid-19 ha evidenciado que el modelo de residencias de Cataluña, diseñado en los años 80, está "obsoleto, anticuado, desfasado" y que hay que establecer un nuevo modelo residencial en base a un perfil de usuario completamente diferente al de hace 40 años, expresan desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF).
En Cataluña hay 1.020 residencias de mayores, de las cuales 16 residencias (0,16% aproximadamente) son de titularidad pública, dependientes del Departamento de Derechos Sociales. Estas 16 residencias, apunta CSIF, tendrían que ser "centros del máximo prestigio, con el personal mejor cualificado y el modelo a seguir por el conjunto de las residencias de Cataluña, pero nada más lejos de la realidad".
"Las residencias de titularidad pública son completamente irrelevantes ante el conjunto de residencias de Cataluña y sus centros están anticuados, envejecidos, faltos de inversión en recursos económicos y personales y olvidados por los responsables públicos"
"Las residencias de titularidad pública son completamente irrelevantes ante el conjunto de residencias de Cataluña y sus centros están anticuados, envejecidos, faltos de inversión en recursos económicos y personales y olvidados por los responsables públicos que llevan muchos años gestionando estas instituciones mientras, año tras año, la situación se deteriora más", lamentan desde el sindicato.
Muchos son los "gravísimos problemas" que afectan al actual modelo de gestión de los centros del ámbito residencial, entre otros y los más destacados son: "que no está basado en el modelo de Atención Centrada en la Persona (ACP), tal y como recomiendan todas las instituciones nacionales e internacionales, la carencia de coordinación en la actuación de las residencias propias y el absentismo laboral crónico de una plantilla de personal con una media de edad muy elevada, derivado de unas cargas de trabajo inasumibles y que afecta al 40-45% de los trabajadores. Todo ello redunda en una prestación de un servicio básico inadecuado para la ciudadanía en general e inaceptable para nuestros mayores en particular".
Para CSIF es necesario un "cambio urgente" en el modelo actual y solicita, al Departamento de Derechos Sociales de la Generalitat de Cataluña, una mayor inversión, la construcción de residencias públicas, un mayor control e inspección por parte de la Administración, la mejora en la calidad de los servicios y la mejora de las condiciones laborales para el personal.