El sindicato CSIF Administración General del Estado en Málaga ha reclamado a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias que se agilice el proceso de vacunación contra la COVID-19 de los alrededor de 700 trabajadores penitenciarios en la provincia, entre el CIS y las prisiones de los municipios malagueños de Alhaurín de la Torre y Archidona.
Así, han considerado que debe ser "prioritario" avanzar en la vacunación en las prisiones "ante la evolución de la pandemia, la complejidad de los centros penitenciarios y el aumento de los casos detectados". Además, este sindicato ha pedido a la Administración que proceda al cierre perimetral de los centros penitenciarios Málaga I y II, restringiendo el acceso de personal no esencial y retrasando los permisos de salida programados.
Este lunes, han indicado en un comunicado, se detectó en el centro penitenciario Málaga I un nuevo caso positivo en un ingreso procedente del aeropuerto, que contaba en ese momento con una PCR negativa. Ante la evidencia de síntomas compatibles con coronavirus, el personal sanitario de la prisión realizó una nueva prueba, que resultó positiva.
El sindicato también insta a que se active un cierre perimetral temporal de ambas prisiones malagueñas, como ya se hizo en marzo
A este respecto, CSIF valora la celeridad en la activación de todos los protocolos por parte de la dirección del centro penitenciario tras este episodio, incluyendo la realización de cribados entre internos y profesionales para descartar contagios. No obstante, este sindicato ha admitido "la preocupación generalizada entre los profesionales ante la detección de casos dentro de este centro, que actualmente mantiene dos módulos en aislamiento tras los positivos detectados la semana pasada".
Por ello, CSIF considera necesario que se acelere el proceso de vacunación en los centros penitenciarios como medida preventiva para reducir el riesgo de contagio dentro de la prisión. Además, este sindicato defiende que, como ya ocurrió en marzo, debe activarse un cierre perimetral temporal de ambas prisiones malagueñas, "restringiendo el acceso de personal no esencial a las instalaciones penitenciarias y retrasando los permisos programados, ante la preocupante evolución de la pandemia y para preservar la seguridad de los alrededor de 700 profesionales y 1.600 internos" de las dos prisiones.
Según este sindicato, el cierre perimetral temporal de los centros "debe abordarse cuanto antes dada la evolución de los contagios en Málaga, priorizando y reforzando los sistemas de videollamadas". Esto y la agilización de la vacunación, han agregado, "son decisiones que deben adoptarse por coherencia y por respeto para la salud de quienes están ingresados en las prisiones y de quienes trabajan en ellas".