La Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados ha aprobado, por 25 votos a favor y 9 abstenciones, una proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, y que ha contado con una enmienda transaccional, por la que se insta al Gobierno a adaptar el sistema 'Nutriscore' a los patrones de consumo de los españoles.
De esta forma, según el texto, se asegura que alimentos y productos alimenticios que forman parte de la dieta mediterránea no se vean perjudicados por el semáforo nutricional, como ya han planteado otros países como Bélgica y Francia.
Además, en la PNL se solicita al Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez, a que se excluya de la aplicación del sistema 'Nutriscore' a los alimentos y productos alimenticios reconocidos como Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) y Denominaciones de Origen Protegidas (DOP), debido al valor añadido de los mismos y a la imposibilidad de adaptar su composición o elaboración a los requisitos de dicho sistema.
Según el texto, se asegura que alimentos y productos alimenticios que forman parte de la dieta mediterránea no se vean perjudicados por el semáforo nutricional, como ya han planteado otros países como Bélgica y Francia
Otras peticiones pasan por realizar una evaluación anual de los cambios en los patrones de consumo de alimentos y productos alimenticios que se hayan llevado a cabo con motivo de la aplicación del sistema de etiquetado Nutriscore, pudiendo así obtener información sobre su funcionamiento y detectar posibles fallos de aplicación.
Finalmente, la Cámara Baja ha acordado pedir al Gobierno no tomar "ninguna otra medida" destinada a incentivar o desincentivar el consumo de algún tipo de alimento o producto alimenticio en base a su valor nutricional hasta haber realizado dicha evaluación del impacto causado por la aplicación del sistema de etiquetado Nutriscore en los patrones de consumo que pueda informar cualquier acción futura en este sentido.
No obstante, la Comisión ha rechazado, con 16 votos a favor, 17 en contra y una abstención, una proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en la que se pedía posponer la implantación de este etiquetado hasta que la Unión Europea aprobase uno obligatorio y estandarizado en la parte frontal del envase, y que sea fruto del acuerdo con todos los sectores implicados, con el objetivo de evitar confusión a los consumidores e incertidumbre a las empresas españolas del sector alimentario.
Asimismo, en el texto presentado por los 'populares', y que ha sido rechazado, se subrayaba la necesidad de defender, en los foros y órganos competentes europeos, la aprobación de un sistema armonizado de etiquetado nutricional frontal que ponga en valor la alta calidad nutricional y saludable de los productos alimentarios españoles, "ahora amenazados", que son "básicos" en la dieta mediterránea.