La Comisión de la Reconstrucción del país tras el coronavirus ha aprobado este viernes en el Congreso el documento de conclusiones sobre Sanidad, y lo ha hecho con la abstención del PP después de incluirse varios acuerdos con el PSOE para asegurar la financiación del sector.
Las medidas para la reconstrucción sobre Sanidad y Políticas de Salud han sido apoyadas por los dos partidos en el Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, además de Ciudadanos; mientras que ERC, PNV, EH Bildu, BNG y Junts han votado en contra. Por su parte, el PP, Unión del Pueblo Navarro (UPN), Partido Regionalista de Cantabria (PRC), Teruel Existe y Más País, se han abstenido. Esta votación ha salido adelante con la ausencia de Vox, que se dejó la comisión hace dos semanas.
El PP espera incorporar nuevas medidas hasta la votación final (22 de julio) como la creación de una Agencia Estatal de Salud Pública
El PP ha explicado el sentido de su voto, alegando que aún tiene que negociar cosas "importantes" con el PSOE para su introducción en el texto final que se votará en el Pleno del Congreso el próximo 22 de julio. Entre esas medidas, según ha explicado la portavoz 'popular' en esta materia, Ana Pastor, está la creación de una Agencia Estatal de Salud Pública o de una oficina de atención a las víctimas del Covid, así como una paga extraordinaria para los profesionales sanitarios que han trabajado durante la pandemia.
Aún así, PP y PSOE ya han llegado a acuerdos en esta sesión. Así, los socialistas han pactado con los de Pablo Casado tres enmiendas que este viernes se han añadido al documento. Una es para "garantizar la sostenibilidad de las redes de farmacias para su labor sanitaria" y otra para "actualizar" la legislación sanitaria en el ámbito nacional y autonómico adaptándola a las propuestas de reconstrucción, creando un calendario legislativo y priorizando en aquellas que impliquen la prevención de un posible rebrote de coronavirus o la situación laboral del personal del Sistema Nacional de Salud (SNS).
Además, socialistas y 'populares' han pactado "asegurar la financiación suficiente y equitativa" para el sector, actualizando el sistema de financiación, mejorando el cálculo de las necesidades relativas que se emplea en la distribución del Fondo de Garantías de los Servicios Públicos Fundamentales, convocar, para ello, al Consejo Interterritorial y realizar revisiones periódicas de dos años para ajustar los indicadores.
CRÍTICAS A UNA “RECENTRALIZACIÓN"
Por otra parte, el BNG ha podido sacar adelante una de sus enmiendas, que ha transaccionado con Unidas Podemos y que llama a dotar a las redes de centros sanitarios públicos capacidades para la gestión operativa de sus presupuestos, su personal, sus compras o sus contratos, "de manera que se cree un marco adaptado a la naturaleza de la prestación de los servicios sanitarios".
Aún así, los gallegos han votado en contra, igual que el resto de partidos nacionalistas e independentistas, que se han quejado del tono "recentralizador" que, a su juicio, se detecta durante todo el documento.
El portavoz de PNV, Aitor Esteban, ha señalado durante el debate que se han de "salvaguardar las competencias" de las autonomías, mientras que su homóloga de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, ha advertido que "ni País Vasco ni Navarra necesitan tutelaje". Para el diputado de ERC, Gabriel Rufián, existe un "fantasma de la centralización" que planea por todo el debate sobre esta materia, mientras que el representante de Junts, Ferran Bel, cree que esta actitud hacia las comunidades autónomas es una constante de PP y PSOE en sus gobiernos y ha defendido que el modelo actual, con más financiación, "funciona".