La consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón, Sira Repollés, ha comunicado que se han elevado dos propuestas de sanción a la empresa concesionaria del transporte sanitario urgente por la superación del tiempo de sustitución de vehículos que no estaban operativos y por el incumplimiento respecto a la dotación de medios personales, con una cuantía de 178.697,07 euros y 256.193,24, respectivamente.
En total, ambas propuestas de sanción suman 434.890,31 euros. En el primer caso, la empresa ya ha presentado alegaciones, que están "pendientes de análisis" y en el segundo se está a la espera de recibirlas.
"Las incidencias han afectado a la calidad y la asistencia a las personas"
Así lo ha manifestado Repollés durante una comparecencia ante la Comisión de Sanidad de las Cortes de Aragón, donde ha acudido a petición de Ciudadanos para informar sobre las incidencias acaecidas durante los meses de diciembre del 2021 y enero del 2022 en el servicio de transporte sanitario urgente y las medidas adoptadas por el Departamento de Sanidad.
La consejera ha explicado que las propuestas de sanción se han producido tras las incidencias "graves" que han tenido lugar en este servicio, "que han afectado a la calidad y la asistencia a las personas", y ateniéndose a las condiciones recogidas en el pliego.
Ha añadido que esta situación ha obligado a una contratación extraordinaria de recursos por procedimiento de urgencia con una empresa externa para atender el transporte sanitario en la ciudad de Zaragoza "en momentos puntuales de saturación", además de contar con los medios de Cruz Roja, DYA y los bomberos de Zaragoza.
Repollés ha remarcado que esto supone que el servicio de urgencias y emergencias sanitaria 061 y el Gobierno de Aragón "han hecho los deberes, supliendo la falta de medios y personal".
DICIEMBRE Y ENERO
La consejera ha precisado que estas incidencias han ocurrido en el segundo semestre de 2021 y, especialmente, en los meses de diciembre del año pasado y enero de 2022, y han cesado tras la firma del convenio colectivo entre los representantes de los trabajadores y Acciona, empresa concesionaria, que estaba pendiente desde 2018, situación por la que los trabajadores se encontraba en huelga desde hace un año.
Estas incidencias se han producido por el aumento no justificado de averías y pinchazos en las ruedas de los vehículos de transporte sanitario, con hasta 27 afectados, retirada de matrículas y pintadas en los mismos y en las bases.
Repollés ha indicado que estos "actos vandálicos" han sido denunciados por la gerencia del 061 ante los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, para remarcar que, además del "daño económico", ha afectado a la prestación del servicio, "demorando la actividad de los recursos y quedando en algunos casos inoperativos".
Además, se ha producido un absentismo laboral, "bajas que la empresa no ha cubierto y han afectado al servicio", que si entre junio y noviembre del año pasado han oscilado entre una y dos al mes, en diciembre se han elevado hasta 97 y en enero de 2022 a las 106 "en los diez primeros días", ha concretado la consejera.
"La causa de las incidencias son de índole laboral" y ante la no sustitución a tiempo por parte de la empresa de los vehículos, así como la no suplencia de las ausencias de personal "con la celeridad recogida en los pliegos" se han abierto los expedientes sancionadores, ha esgrimido Repollés.