El Congreso de los Diputados aprobó este jueves de forma definitiva la reforma de la Ley de Ciencia. Impulsada por el Ministerio de Ciencia e Innovación, liderado por Diana Morant, el texto contempla habilitar “más recursos, derechos y oportunidades al personal del ámbito público de I+D+i”, así como blindar la financiación pública a la investigación, hasta alcanzar el 1,25% del PIB en 2030. Al mismo tiempo, se incorpora una nueva modalidad de contrato indefinido, el derecho de los investigadores a cobrar indemnización por finalizar contratos predoctorales y posdoctorales, la reducción de cargas administrativas o el refuerzo de la igualdad en los procesos de selección.