La clínica privada Santa Catalina de Las Palmas de Gran Canaria, del grupo Vithas dirigido por Pedro Rico, ha sido condenada a pagar una indemnización de más de 340.000 euros por una mala praxis que tuvo como resultado la muerte en 2016 de una mujer de 38 años embarazada, al sufrir una hemorragia de la que no fue atendida tras una cesárea. El juzgado considera probado que se produjeron un "conjunto de pequeñas actuaciones dilatorias y omisivas" por parte de "los distintos facultativos y empleados de la entidad demandada" que "provocaron un diagnóstico tardío". En consideración del juez, ello "impidió que se pudiera atajar la hemorragia de la paciente con celeridad y, de esta manera, haber podido evitar su óbito". Así, la sentencia expresa que "la propia clínica reconoce en su documento de consentimiento informado el riesgo que conlleva toda cesárea y asume los protocolos de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO), que no fueron seguidos por la clínica según informan los peritos de la parte actora".