La Sala Segunda de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha condenado a la Consejería de Sanidad al pago de 81.000 euros reconociendo la mala praxis llevada a cabo sobre un paciente al que se le diagnosticó de forma tardía un ictus en el Hospital Francesc de Borja, cuyo gerente es Joaquín Miñana. Según queda probado en el relato de los hechos, al paciente Juanjo M.R, se le dio el alta con el diagnóstico de diarrea autolimitiva a las 21.41 horas, tras presentar mareos, sin poder entenderle al hablar y haber perdido la visión en el ojo derecho. Cinco horas más tarde, a las 2.15 horas de la madrugada, presentó un incremento de la sintomatología neurológica teniendo que acudir de nuevo el SAMU a su domicilio, siendo ingresado de inmediato en el Hospital de Gandia donde tras la exploración se le diagnosticó un ictus isquémico de la arteria cerebral posterior, falleciendo al poco tiempo.