La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato de Enfermería, Satse, denuncian la situación de los profesionales sanitarios que trabajan dentro de la sanidad penitenciaria, cuya competencia sigue pendiente de traspasarse a las Comunidades Autónomas.
El secretario general de CESM, Gabriel del Pozo, recuerda que “los privados de libertad no están condenados a no tener el mismo derecho de asistencia sanitaria”. En esta línea, explica que “hemos pedido soluciones a un problema grave que afecta a la atención de la población reclusa y a la dotación de profesionales médicos y enfermeros en el sistema penitenciario”.
Del Pozo se refería a que “ya el año pasado solicitamos la misma entrevista con el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, y el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Ortiz, en junio, con el secretario de Estado de Función Pública en julio y con el presidente del Consejo General del Poder Judicial en julio y septiembre, sin obtener ninguna solución, aunque todos compartían el problema”. Además, hace apenas unos días se han remitido cartas de manera conjunta por CESM y Satse a los ministros de Interior, Sanidad y Política Territorial y Función Pública.