El Defensor del Pueblo, institución liderada por Ángel Gabilondo, ha detallado las recomendaciones recogidas en su Informe Anual de 2021 relacionadas con las condiciones de salud de las personas que residen en centros de privación de libertad: prisiones, centros de internamiento de menores infractores (CIMI) y unidades de salud mental. Según este documento, la conclusión más repetida es que en estos espacios “persiste la escasez de psicólogos y psiquiatras”. Además, en estos centros que dependen de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, perteneciente al Ministerio del Interior dirigido por Fernando Grande-Marlaska, también existen “deficiencias” en las condiciones en que desarrolla su trabajo el personal sanitario.