El Juzgado de Instrucción Número 2 de Palma de Mallorca ha condenado a 8 meses de multa a una persona que ejercía en una residencia las funciones propias de un titulado en enfermería sin tener la formación necesaria.
El tribunal considera probado el delito de intrusismo ya que la condenada, nombrada “coordinadora” del centro, careciendo de la titulación pertinente y no formando parte por tanto del obligatorio registro profesional en el Colegio Oficial de Enfermería, realizaba todo tipo de actividades que son competencia de las enfermeras, incluyendo la administración de medicación inyectable, la colocación de sondas o la extracción de sangre para analítica.
El tribunal ha establecido en ocho meses la multa para la persona condenada, tras la aceptación de la sentencia penal condenatoria de conformidad por su parte
El Colegio Oficial de Enfermería de las Islas Baleares (Coiba) cumple así con su responsabilidad de defensa de los intereses no solo de la profesión y del colectivo enfermero al que representa, sino también de los derechos de la ciudadanía en lo que al ámbito de la salud se refiere.
En los casos de intrusismo cobra especial relevancia la seguridad de las personas atendidas, no solo por los cuidados inadecuadamente prestados por la persona no habilitada para ello, sino también por todos los cuidados y atenciones que la persona necesita y a los que tiene derecho, pero no recibe, con lo que ello supone de riesgo para su salud al ser atendida por un empleado sin la capacidad ni habilidades para hacerlo.