La Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, promulgada en 2003, recoge que la sanidad penitenciaria debería ser provista por los distintos servicios de salud de cada comunidad autónoma. Hasta la fecha, únicamente Cataluña, Navarra y País Vasco han sido las regiones donde estas competencias han sido asumidas. El resto de territorios continúan pendientes de tomar las riendas en este ámbito, siendo administrado entretanto por el Ministerio del Interior por medio de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. No obstante, algunos Gobiernos autonómicos han llevado a cabo recientemente pasos en esta dirección.
Sin ir más lejos, el pasado jueves el Pleno del Parlamento de Andalucía aprobó una proposición no de ley –promovida por los populares- en la que se insta a la Junta a que negocie con el Gobierno central la transferencia de las competencias de la sanidad penitenciaria al Servicio Andaluz de Salud (SAS). "Los responsables y profesionales de la sanidad penitenciaria están firmemente convencidos de la necesidad y de las ventajas de esta integración”, según señaló la diputada del PP, Remedio Olmedo, durante su defensa de la iniciativa.
El texto al que se ha dado luz verde en el hemiciclo andaluz recoge que el traspaso de estos cometidos venga “necesariamente acompañado por la liquidación de la deuda pendiente a la comunidad autónoma
En concreto, el texto al que se ha dado luz verde en el hemiciclo andaluz recoge que el traspaso de estos cometidos venga “necesariamente acompañado por la liquidación de la deuda pendiente a la comunidad autónoma y de la correspondiente asignación de recursos económicos y humanos a la misma por el coste real y suficiente de la asistencia sanitaria que se presta a las personas reclusas y que son responsabilidad de la administración penitenciaria, garantizando la sostenibilidad del sistema sanitario público". El fin último de todo es subsanar las carencias que vive la asistencia sanitaria tras los muros de prisión.
En la misma línea, el Parlamento de Galicia aprobó por unanimidad hace un año una proposición que instaba al Gobierno al traspaso de competencias en este mismo sentido. En aquel caso, impulsada también por el Partido Popular –junto al BNG- y recogiendo la misma solicitud para que venga acompañada de la dotación de medios humanos, económicos y materiales necesarios por parte del Ejecutivo central. "La Xunta no va a aceptar una transferencia que no esté adecuadamente dotada, porque el traspaso tiene que hacerse en unas condiciones que ahora mismo el Gobierno de España no garantiza", señalaba entonces la diputada popular, Rosalía López.
Una de las causas que motivan la solicitud gallega es la preocupación por la falta de personal sanitario, "derivado de la enorme tardanza del Ministerio del Interior en convocar las plazas necesarias
Cabe recordar que, en junio de 2021, el Parlamento gallego ya solicitó el traspaso a Galicia de las competencias en materia de salud penitenciaria para su asunción por parte del Servicio Gallego de Salud (Sergas), aunque “el Ministerio nunca se comprometió de forma efectiva en las dotaciones necesarias” para hacerlo asumible, explicaba López, quien desvelaba que una de las causas que motivan la solicitud gallega es la preocupación por la falta de personal sanitario, "derivado de la enorme tardanza del Ministerio del Interior en convocar las plazas necesarias y de las peores condiciones económicas y organizativasdel personal asignadoa los centros penitenciarios".
De manera similar, la presidenta de Cantabria,María José Sáenz de Buruaga, aclaró a finales de 2023, dentro de la agenda de reivindicaciones que pretendía trasladar a Pedro Sánchez durante la presente legislatura, que “no descarta" asumir más competencias como la sanidad penitenciaria. "No renunciamos a ninguna posibilidad que nos brinda el Estatuto de Autonomía para mejorar la prestación de servicios a los ciudadanos", declaró. Sin embargo, desde entonces no se ha dado ningún avance en la dirección de incluir estas competencias en la Consejería de Sanidad de César Pascual.
“En todas las prisiones dependientes del Ministerio del Interior la calidad de la asistencia sanitaria está muy por debajo del nivel que disfruta la población general”
Otra de las CC.AA. que ha venido haciendo movimientos en la línea de asumir la sanidad penitenciaria en el paraguas de sus competencias ha sido Baleares. “En Baleares estamos en negociaciones para el traspaso de la sanidad penitenciaria. Yo creo que avanzan a buen ritmo y en que breve podremos llegar a un acuerdo a este respecto", decía hace dos años el secretario de Estado de Política Territorial del archipiélago, Alfredo González. Una clara muestra de la dificultad de concretar finalmente lo estipulado hace más de 20 años en la Ley de Cohesión y Calidad del SNS.
UNA LARGA DEMANDA PROFESIONAL
Desde la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria (SESP), su presidente Joaquín Antón Basanta, ha reiterado a ConSalud.es en diferentes ocasiones que “en todas las prisiones dependientes del Ministerio del Interior la calidad de la asistencia sanitaria está muy por debajo del nivel que disfruta la población general”, asimismo ejemplifica en las CC.AA. que tienen uso efectivo de sus competencias en el ámbito –Navarra, País Vasco y Cataluña- el camino a seguir por el resto de regiones españolas para asegurar la mejor asistencia posible a la población reclusa.
“El Gobierno central y las CC.AA., independientemente del partido político de turno, han continuado como si nada desde hace 20 años"
De esta manera, el responsable de SESP lleva largo tiempo observando la “indiferencia” de quienes deberían velar por la salud de todas las personas, también las que se encuentran entre rejas. “El Gobierno central y las CC.AA., independientemente del partido político de turno, han continuado como si nada desde hace 20 años. No hay un verdadero interés de los políticos por hacer cumplir la ley”, asevera el Dr. Basanta, a quien le parece una situación especialmente sangrante si tenemos en cuenta que “hace 15 años éramos un premiado referente mundialen este ámbito".