La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha puesto en duda este lunes el plan que el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS) presentó la semana pasada al Gobierno central para comenzar 2018 con la lista de espera quirúrgica de las comunidades autónomas a cero y para el que requería una inversión de unos 1.500 millones de euros.
Las declaraciones de la presidenta andaluza coinciden en el tiempo con la protesta y la crítica del Sindicato Médico de Andalucía (SMA), representantes de los profesionales sanitarios, que han calificado de “ridícula” la medida anunciada por Díaz sobre la Atención Primaria.
Así, entienden que la contratación de casi 400 profesionales “no conllevará mejora alguna de la dramática situación de la Atención Primaria andaluza”. En su lugar, proponen “dar tiempo y medios a los profesionales; ampliar suficientemente la plantilla y dejar que los criterios clínicos primen sobre los criterios de gestión, ocupándose más del ciudadano y del profesional”.
Por otra parte, los grupos políticos de la oposición en el Parlamento de Andalucía han solicitado que en una sesión extraordinaria de la Comisión de Salud se investigue la gestión y las contrataciones de personal que ha realizado el Servicio Andaluz de Salud (SAS) desde el año 2012 hasta la actualidad. Para ello, han solicitado la comparecencia de la consejera de Salud, Marina Álvarez.
Esta iniciativa viene motivada por el reciente informe publicado por la Cámara de Cuentas de Andalucía, referente al periodo 2011-2013, en el que se detallaba la reducción del personal sanitario debido a la prolongación laboral a 37,5 horas semanales, informaba sobre la precarización en el empleo sanitario y dejaba constancia de un incumplimiento de 2,13 millones de euros en los límites retributivos de altos cargos y directivos sanitarios.
Las declaraciones de Díaz coinciden con la crítica del SMA a la medida anunciada por la Junta de Andalucía de contratar 400 profesionales para Primaria: "Es ridídula"
En una entrevista concedida a Canal Sur Radio, la presidenta del Ejecutivo andaluz califica de “mucha casualidad” esta propuesta de IDIS y ha querido lanzar un mensaje al Gobierno que preside Mariano Rajoy solicitándole que “si hay 1.500 millones en España”, que estos sean “para los hospitales públicos, para los centros de salud públicos y para que haya más profesionales sanitarios”. Cabe recordar que la iniciativa de IDIS habla de una dotación extraordinaria del 1,5% sobre el gasto total previsto de la sanidad en España y el conjunto de las autonomías para 2017. De esta cantidad, sobre un tercio retornaría a las administraciones a través de impuestos.Las declaraciones de la presidenta andaluza coinciden en el tiempo con la protesta y la crítica del Sindicato Médico de Andalucía (SMA), representantes de los profesionales sanitarios, que han calificado de “ridícula” la medida anunciada por Díaz sobre la Atención Primaria.
Así, entienden que la contratación de casi 400 profesionales “no conllevará mejora alguna de la dramática situación de la Atención Primaria andaluza”. En su lugar, proponen “dar tiempo y medios a los profesionales; ampliar suficientemente la plantilla y dejar que los criterios clínicos primen sobre los criterios de gestión, ocupándose más del ciudadano y del profesional”.
La Comisión de Salud investigará la gestión y contrataciones de personal del SAS desde el año 2012, tras el informe publicado por la Cámara de Cuentas
INVESTIGACIÓN DE LOS SOBRESUELDOSPor otra parte, los grupos políticos de la oposición en el Parlamento de Andalucía han solicitado que en una sesión extraordinaria de la Comisión de Salud se investigue la gestión y las contrataciones de personal que ha realizado el Servicio Andaluz de Salud (SAS) desde el año 2012 hasta la actualidad. Para ello, han solicitado la comparecencia de la consejera de Salud, Marina Álvarez.
Esta iniciativa viene motivada por el reciente informe publicado por la Cámara de Cuentas de Andalucía, referente al periodo 2011-2013, en el que se detallaba la reducción del personal sanitario debido a la prolongación laboral a 37,5 horas semanales, informaba sobre la precarización en el empleo sanitario y dejaba constancia de un incumplimiento de 2,13 millones de euros en los límites retributivos de altos cargos y directivos sanitarios.