Los teléfonos móviles se han convertido desde hace varios años en un compañero ineludible. Estos aparatos integran innumerables funciones que facilitan nuestra vida: mantener el contacto con nuestras personas cercanas, hacer la compra, tramitar gestiones bancarias, informarnos al momento, etc. Sin embargo, también supone tener al alcance de nuestra mano un potente aparato que puede crear adicciones, hacernos distantes o ser empleado con fines poco amigables. Esta vertiente negativa es la que ha llevado a varias CC.AA. a poner sobre la mesa la limitación de su uso, especialmente entre la población escolar.
En la actualidad únicamente cuatro regiones españolas han ‘bloqueado’ los teléfonos móviles durante el periodo lectivo de los alumnos. Entre las mismas encontramos a Castilla-La Mancha, Madrid, Andalucía y Galicia. En el resto del territorio queda en manos de los propios centros educativos la potestad de establecer normas al respecto. Sin embargo, regiones como Cataluña o Canarias tienen sobre la mesa también la idea de plantear una regulación autonómica para limitar los móviles en colegios e institutos similar a las ya existentes en estas CC.AA. Una llamada a la acción que lleva camino de extenderse por España.
La Comunidad de Madrid se implicó en 2020 en impulsar una restricción similar a la manchega, con la base de combatir las situaciones de acoso escolar en los colegios e institutos
Castilla-La Mancha se convirtió en la región pionera en implantar esta estrategia para velar por los más jóvenes. Desde el año 2014 la Ley de Protección Social y Jurídica de la Infancia y la Adolescencia viene regulando la prohibición del uso de estos dispositivos en los centros educativos. En concreto, se refleja expresamente que los alumnos no deben mantener operativos teléfonos móviles ni cualquier otro dispositivo de comunicación durante el horario lectivo, salvo circunstancias extraordinarias o en las que esta acción forme parte de la estrategia educativa concreta del centro académico.
De la misma manera, la Comunidad de Madrid se implicó en 2020 en impulsar una restricción similar a la manchega, con la base de combatir las situaciones de acoso escolar en los colegios e institutos y mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. Para lograr estos cometidos la normativa madrileña también optó por recoger la prohibición expresa de la utilización de móviles o cualquier dispositivo electrónico durante la jornada lectiva, con la única excepción de su empleo por razones relacionadas con la salud o como una herramienta didáctica supervisada por el profesor.
Igualmente, a finales de este pasado mes de noviembre la Junta de Andalucía anunció que prohibiría el uso de los dispositivos móviles en las aulas en colaboración con la comunidad educativa. La medida se enmarca en la creciente preocupación por el "aumento de la violencia entre jóvenes y adolescentes", según reveló el presidente autonómico Juanma Moreno. Con esta iniciativa se pretende adaptarse a la nueva realidad que viven los menores en los colegios, que lleva a situaciones que atentan contra la normal convivencia entre los compañeros de pupitre y puede crear situaciones de aislamiento social.
El Gobierno de Alfonso Rueda ha anunciado que va a endurecer la actual normativa, que data de 2015, y prohibir el uso de los móviles en el tiempo de ocio de los alumnos en centros educativos
Finalmente, en los últimos días la Xunta de Galicia también ha dado un paso al frente a la hora de abordar esta problemática. El Gobierno de Alfonso Rueda ha anunciado que va a endurecer la actual normativa, que data de 2015, y prohibir el uso de los móviles en el tiempo de ocio de los alumnos en centros educativos. En concreto, la limitación se aplicará durante los recreos, en el comedor, en las entradas y salidas o las actividades extraescolares. De esta manera, el presidente gallego defendió esta medida para “impulsar las relaciones interpersonales y mejorar la convivencia” en los centros educativos gallegos.
APRENDER Y SOCIALIZAR
Todas las normativas puestas en marcha a nivel autonómico coinciden en la necesidad de restringir la utilización de dispositivos móviles en las aulas, salvo en situaciones excepcionales o en las que se manipulen con fines pedagógicos supervisados por el profesorado. No en vano, existen evidencias científicas de que la utilización del móvil durante la jornada escolar incide directamente en el aprendizaje y la socialización de los alumnos. Por tanto, las aulas –junto al hogar- resultan el escenario ideal para adquirir buenas conductas como dejar aparcada la constante exposición a las pantallas.
“En los periodos donde no hay estrictamente clase se observa un incremento de las situaciones de ciberacoso; así como una disminución de la actividad física y la interacción cara a cara"
En esta línea, desde la Asociación Española de Pediatría (AEP) han trasladado a ConSalud.es su satisfacción por que los gobiernos autonómicos comiencen a regular el uso de móviles en el ámbito educativo. Para la doctora María Salmerón, miembro del Grupo de Trabajo de Salud Digital del Comité de Promoción de la Salud de AEP, se trata de unas “iniciativas positivas, especialmente en el entorno escolar”. No en vano, aclara, “estos aparatos conllevan que disminuya la atención del menor en los espacios de clase, tanto en el alumno que los utiliza como en los propios compañeros que le rodean”.
Por otra parte, la repercusión negativa para los jóvenes de emplear dispositivos móviles no se queda sólo en el aula, también llega al patio de recreo. “En los periodos donde no hay estrictamente clase se observa un incremento de las situaciones de ciberacoso; así como una disminución de la actividad física y la interacción cara a cara de los alumnos al estar pegados al smartphone”. Unas incidencias poco saludables para los menores que hacen necesario “plantearse la limitación de uso de estos dispositivos en los centros educativos”, concluye la Dra. Salmerón.