La presidenta del Consejo de Colegios de Médicos Valencianos, la Dra. María Isabel Moya; el presidente del Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana, José Antonio Ávila; el presidente del Consejo Valenciano de Colegios de Farmacéuticos, Jaime Giner; y la presidenta del Consejo Valenciano de Colegios Veterinarios, Inmaculada Ibor, han remitido a la Consejería de Sanidad una declaración conjunta de apoyo a los profesionales afectados por la propuesta de decreto de Alertas en Salud Pública, negociado en Mesa Técnica el pasado 22 de octubre.
Los profesionales que prestan sus servicios en los centros de Salud Pública han trasladado a los colegios profesionales su malestar ante las retribuciones que percibirán por sus guardias localizadas y el agravio que supone respecto al personal estatutario.
Los presidentes de los cuatro consejos autonómicos respaldan las reivindicaciones de los funcionarios afectados
El objetivo del decreto es organizar y coordinar internamente el sistema para detectar de forma precoz y gestionar cualquier emergencia para la salud de la población dando una respuesta rápida y eficaz por parte del personal de Salud Pública. Establece unas retribuciones de alrededor de 250 horas por una semana de guardia localizada, lo que se traduce en menos de un euro por cada hora.
Una cantidad que, según denuncian los consejos autonómicos, es “claramente discriminatoria con sus compañeros estatutarios que prestan igualmente sus servicios para la Consejería de Sanidad y Salud Pública, lo cual no es justificable por la única diferencia que los funcionarios de Salud Pública, a pesar de que también trabajan para Sanidad, están adscritos a Función Pública, que depende de la Consejería de Justicia.
En su escrito, los presidentes colegiales informan a la Consejería que apoyan su decisión de reglamentar y legislar un servicio que prestan estos colegiados adscritos al área de Salud Pública. Sin embargo, esta regulación no debe discriminar a los profesionales (médicos, farmacéuticos, enfermeras, veterinarios, etc) pareciendo que su trabajo diario “tuviese un menor valor o fuese menos importante”.
Por todo ello, los consejos autonómicos respaldan “íntegramente” las reivindicaciones que los funcionarios les han trasladado y piden a la Consejería que “subsane de forma inmediata tal discriminación y regule y establezca un sistema de alertas para guardias en igualdad de condiciones, respetando los derechos de los profesionales, y a su vez que se les compense digna y adecuadamente a las importantísimas funciones y a las altas responsabilidades que diariamente soportan”.