Protestas por la nueva adjudicación del servicio de ambulancias de urgencias

El Comité de Empresa denuncia que el Gobierno regional podría adjudicar el contrato a una empresa que ha pujado por 10 millones menos que el valor mínimo establecido en las bases.

Protestas por la nueva adjudicación del servicio de ambulancias de urgencias
20 enero 2016 | 14:00 h
El Comité de Empresa de la compañía adjudicataria del transporte sanitario de urgencias de la Comunidad de Madrid, Safe-Urgencias, ha convocado dos concentraciones los días 28 de enero y 2 de febrero para protestar por la posible adjudicación del concurso para los próximos cuatro años a una empresa que ha pujado por 10 millones menos que el valor mínimo (82.860.480 euros) establecido en las bases.

El viceconsejero de Asistencia Sanitaria de Madrid, Manuel Molina, se ha comprometido a estudiar la viabilidad de la puja antes de su publicación
Según informa en un comunicado CSIF, el sindicato considera que la oferta más baja, la presentada por la empresa Ambulancias Alerta, de 72.304.194 euros, es "inviable económicamente, ya que no llegaría ni para pagar los salarios de los trabajadores, por no hablar de que no dejaría ningún margen para comprar vehículos nuevos".

La segunda oferta más baja la ha realizado la actual adjudicataria, Safe-Ferrovial, que ha pujado por 77,3 millones de euros, cinco millones más que la presentada por Alerta. La puja más alta la ha realizado Santa Sofía, con 82,8 millones de euros, aunque, como el resto, "muy lejos de los 136,7 millones de coste estimado que establece el punto sexto del pliego de características administrativas del concurso".

En distintos escritos dirigidos a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, al consejero de Sanidad, Jesús Sánchez Martos, a la Inspección de Trabajo y a los grupos parlamentarios en la Asamblea, entre otros, CSIF muestra su preocupación por "una oferta a la baja que, sin duda, perjudicaría seriamente la calidad del servicio que ofrecen estas ambulancias". Si bien, CSIF aclara que a raíz de sus protestas, el viceconsejero de Asistencia Sanitaria, Manuel Molina, se ha comprometido a "estudiar detenidamente la viabilidad económica de la puja más baja antes de su publicación".


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