Este martes, 12 de julio, el Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejera de Salud, Gotzone Sagardui, ha aprobado el decreto de sustitución de sanciones por incumplimiento de la Ley de Atención Integral de Adicciones y Drogodependencias, en vigor desde abril de 2016.
Según la encuesta sobre adicciones de Euskadi realizada en 2017 y 2018, un 0,2% de los encuestados tienen dependencia alcohólica, lo que supone dos puntos menos con respecto a la encuesta de 2012; al 21,1% de los fumadores no le gustaría dejar el tabaco; el 2%, con un mayor porcentaje en el grupo de 15 a 34 años, consume de forma diaria cannabis, mientras el consumo una vez en la vida de sustancias ilegales como anfetaminas, LSD o cocaína ha aumentado con respecto a las anteriores encuestas; y un 0,1% se ha sentido la mayor parte del tiempo culpable por sus hábitos de juego.
Con la ley se busca detectar, prevenir y reducir las conductas de riesgo y "singularizar e individualizar las medidas sustitutivas" con un carácter preferentemente "educativo y reparador"
El Gobierno vasco ha modificado las sanciones de la ley de adicciones para potenciar el que es, según explican, el objetivo fundamental de la ley: proteger la salud de todas las personas, especialmente de las personas menores de edad y los colectivos sociales más vulnerable.
En palabras de Sagardui, con la ley se busca detectar, prevenir y reducir las conductas de riesgo, "singularizar e individualizar las medidas sustitutivas" con un carácter preferentemente "educativo y reparador" e implicar a las familias para reducir las conductas adictiva en los menores.
NUEVAS MEDIDAS
La ley original de 2016 establecía una serie de sanciones al incumplimiento de la norma basadas en el pago de multas que iban desde 30 hasta 600.000 euros si la comisión de infracciones era leve o muy grave. Ya esta norma establecía que se preveía la sustitución de las sanciones, menos las de carácter muy grave, por la realización de otras actividades alternativas.
Desde 2016 este punto no ha sido determinado por las normas que debían establecer los casos y las actividades alternativas. Finalmente este martes, por propuesta de la Consejería de Salud, el Gobierno ha modificado la ley.
Las nuevas medidas alternativas establecidas son: trabajos o actividades en beneficio de la comunidad, que sirven de reparación para la comunidad perjudicada por la infracción cometida; programa preventivo de carácter formativo y educativo para sensibilizar sobre los riesgos del consumo de sustancias, sus causas y consecuencias, y la reflexión sobre la conducta objeto de sanción; y para aquellas personas con una dependencia se establece un programa de tratamiento.
Será la propia persona infractora o su representante legal, en el caso de los menores de edad, los que deberán solicitar estas medidas alternativas a las autoridades, siempre que la sanción sea un multa de caso leve y grave, estando excluidos los casos muy graves. La duración de la medida se establecerá en función de la persona y la gravedad de la sanción.