Tras conocerse la decisión del Tribunal Supremo de anular el traspaso al País Vasco de la homologación de los títulos universitarios extranjeros, el consejero vasco de Salud, Alberto Martínez, ha instado al Ministerio de Sanidad a "reaccionar" y actuar "con responsabilidad" porque Osakidetza y el sistema de salud "no pueden esperar más". Martinez ha añadido que el fallo judicial supone una limitación "en el desarrollo del autogobierno" vasco e insiste en "el jarro de agua fría que esta decisión judicial vierte en el trabajo que el Departamento de Salud del Gobierno Vasco está realizando para incorporar nuevos profesionales a Osakidetza.
"Necesitamos la homologación de los títulos de Medicina y especialización", ha reclamado el consejero de salud vasco que recordó que el pasado 6 de marzo mantuvo una reunión con la ministra de Sanidad, Mónica García, ante el "inédito y grave problema de Estado", en la que expresó su "preocupación por un problema que le compete al Ministerio, pero que aprieta a las Comunidades Autónomas".
El consejero ha manifestado que "no se trata de pasar la pelota a otro tejado" y de "desentenderse del problema", sino "todo lo contrario". "Osakidetza cuenta con resortes para mantener una asistencia de calidad, y es lo que queremos sostener y reforzar", ha indicado Martinez, quién ha señalado que la homologación de títulos extranjeros "es una de las opciones que puede contribuir a esta solución, a que Euskadi disponga de más personas graduadas en Medicina y a que el sistema de salud contrate a profesionales que ahora no dispone en sus bolsas de trabajo".
"Que Euskadi asumiera esa homologación se presentaba como una oportunidad que ahora ha sido evaporada".
Martínez ha añadido que esta decisión judicial, "además de socavar un acuerdo político bilateral entre el Gobierno vasco y el Gobierno de España", supone "una mala noticia, con preocupantes e inquietantes consecuencias para el sistema de salud en Euskadi". El traspaso de estas competencias de homologación de títulos extranjeros era parte del acuerdo de investidura firmado entre el presidente del EBB, Andoni Ortuzar, y el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que también incluía el traspaso de los servicios de inmigración, permisos de trabajo a personas extranjeras, meteorología, gestión del litoral, producciones cinematográficas y cercanías.
La opción de que sea la Administración Pública de Euskadi la que asuma esa homologación "se presentaba como una oportunidad que ahora ha sido evaporada", ha expresado Martinez, quien ha dicho tener "claro" que la Justicia "no puede ralentizar los tiempos de la Salud y, al margen del recorrido judicial que ahora pueda tener este proceso, lo que está claro es que quien asume, a día de hoy, esta competencia debe reaccionar porque el sistema de salud no puede esperar más". "Necesitamos la homologación de los títulos de grados de medicina y la homologación de los títulos de especialización", ha precisado Martinez reclamando decisiones 'ad hoc' ante un "grave problema de Estado” como ha recordado, el ministerio ya ha tomado “cuando lo ha considerado necesario”.
“La falta de médicos en el País Vasco es un problema crítico”, reconoció Martinez en una reciente entrevista en ConSalud TV, que apuntó a la próxima jubilación de una gran cantidad de médicos mayores de 65 años que no hará, sino agravar el problema del déficit de profesionales. Ante esta situación, afirmó haber trasladado a la ministra, Mónica García, medidas extraordinarias así como solicitado “que fuera más fácil el proceso de homologación de títulos extranjeros para que estas pudieran resolverse cuanto antes”.
“El paso que estábamos dando con la homologación de los títulos extranjeros ha sido zancadilleado”
Martinez reprocha a García que “no es comprensible que la ministra haya priorizado abrir el melón de un Estatuto Marco que, no solo no concitar consensos, sino que provoca tensiones y enfrentamientos que minan aún más el problema real: la falta de profesionales de la salud en general, y de médicos y médicas, en particular".
Martinez ha explicado este lunes que "el paso que estábamos dando con la homologación de los títulos extranjeros ha sido zancadilleado, pero no por eso debe paralizarse. No puede servir de excusa. A día de hoy, la responsabilidad de homologar los títulos de grado y de especialidad, tiene un dueño, y mientras no se materialice la transferencia con sus garantías jurídicas, el Ministerio debe responder".
“COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL ESTADO”
La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo ha anulado en su totalidad el Real Decreto 366/2024, de 9 de abril, por el que se traspasan a la Comunidad Autónoma del País Vasco funciones y servicios en materia de homologación y declaración de equivalencia de títulos obtenidos en el marco de sistemas de educación superior extranjeros a un título universitario oficial español.
El tribunal concluye que, si para el Tribunal Constitucional, “la actividad administrativa de verificación de las condiciones de expedición de títulos profesionales asociados a enseñanzas universitarias ha de ser competencia exclusiva del Estado, por las mismas razones (…) ha de serlo la consistente en verificar la procedencia de la homologación de títulos universitarios extranjeros ya que requiere comprobar la enseñanza gracias a la cual se han obtenidos”.
En dos primeras sentencias, con ponencia del presidente de la Sala, Pablo Lucas, estima los recursos interpuestos por la Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid y por el Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España contra el Real Decreto. Pero otros cinco recursos que se deliberaron en la misma fecha, que están pendientes de sentencia, han sido interpuestos por el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España, el Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería de España, el Consejo General de Colegios Oficiales de Odontólogos y Estomatólogos de España, la Unión Profesional, el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España y el Consejo General de la Abogacía Española.
El Supremo apunta que “no hay razones para entender que no sea estatal la competencia administrativa de verificación de los cursos conducentes a los títulos que habilitan para el ejercicio de las profesiones de Abogado y Procurador y no lo sea la de verificar la procedencia de la homologación de títulos universitarios extranjeros que habilitan para ejercer profesiones tituladas”. Esto significa que la competencia, aun siendo ejecutiva, es del Estado, por lo que no caben traspasos de funciones y servicios a las Comunidades Autónomas.
El texto del TS considera que esta conclusión no entra en contradicción con el artículo 16 del Estatuto de Autonomía del País Vasco, ni con la atribución a algunas Comunidades Autónomas de la competencia de homologación de títulos no universitarios extranjeros, como ocurre en el Estatuto de Autonomía de Cataluña y de Andalucía o los Reales Decretos para Galicia, Cataluña y País Vasco.