En diciembre de 1979 entró en vigor el Estatuto de Autonomía del País Vasco, conocido como Estatuto de Gernika, documento institucional autonómico en el que están fijadas el número de competencias que el Estado español iba a transferir a esta comunidad. Sin embargo, casi 38 años después, aún existen 37 de estas competencias que están pendientes por transferir, y alguna de ellas es sanitaria.
En concreto, dentro del ámbito de salud, la consejería que dirige Jon Darpón reclama poder legislar sobre productos farmacéuticos. Tal y como recoge el documento enviado por el Gobierno vasco al parlamento autonómico, el Real Decreto Ley 1/2015 otorgó facultades a las comunidades autónomas para realizar distintas funciones en materia de ejecución de la legislación farmacéutica.
Las CC.AA. que tienen esta competencia pueden realizar programas de control de calidad de los medicamentos, hacer inspecciones sobre ensayos clínicos o sancionar en materia de productos farmacéuticos
No obstante, a día de hoy, son 13 las comunidades autónomas que sí han recibido este traspaso, sin estar el País Vasco entre ellas. Por orden cronológico son las siguientes: Canarias, Cataluña, Galicia, Navarra, Castilla y León, Aragón, Comunidad Valenciana, Islas Baleares, Asturias, La Rioja, Murcia, Extremadura y Cantabria.
En estos casos, las autonomías tienen el poder de, por ejemplo, realizar programas de control de calidad de los medicamentos; hacer inspecciones en materia de ensayos clínicos o inspecciones de ejecución de la legislación de productos farmacéuticos; sancionar en materia de productos farmacéuticos o cerrar temporalmente algunos establecimientos; así como autorizar mensajes publicitarios para su difusión en las CC.AA. o controlar la promoción dirigida a profesionales sanitarios.
AUTOGOBIERNO
Según ha comunicado el Gobierno vasco, esta tardía en la transferencia de competencias “está cuestionando la capacidad de Euskadi para auto-organizarse, pretendiendo reducir la autonomía política vasca a una mera descentralización administrativa”. En este sentido, acusan al Gobierno español de realizar un “uso abusivo de su capacidad para imponer medidas unilaterales”.
Hasta ahora, el País Vasco tiene transferidas las competencias de la prestación de la asistencia sanitaria del Instituto Social de la Marina (en 1996), de investigación y desarrollo científico y técnico e innovación (en 2009), y de poner en práctica la sanidad penitenciaria (desde 2011).