El Colegio de Médicos de Vizcaya (CMB) se ha mostrado “en desacuerdo” con la sentencia del Tribunal Constitucional(TC) que anulaba la prestación de la asistencia sanitaria universal ejercida por el Gobierno Vasco. En un comunicado, consideran que esta actuación judicial “vuelve a poner en peligro la asistencia sanitaria” en esta comunidad autónoma “a las personas extranjeras sin permiso de residencia”.
El TC declaró inconstitucionales y nulos algunos de los preceptos incluidos en el Decreto 114/2012, de 26 de junio, sobre el régimen de las prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Esta norma fue aprobada por el Ejecutivo vasco como respuesta al RD 16/2012 que el Gobierno central lanzó “para garantizar la sostenibilidad del SNS”.
El CMB apunta que el hecho de "que haya ciudadanos sin atención sanitaria por carecer de acceso a la sanida pública y gratuita plantea serias amenazas a la salud de toda la población”
Desde el punto de vista del CMB, y recordando unas declaraciones del consejero Jon Darpón, el fallo del Tribunal Constitucional podría suponer que “unas 17.000 personas” corran el “riesgo de quedarse sin asistencia sanitaria gratuita” en el País Vasco.
Ante lo que los médicos de Vizcaya consideran “un retroceso peligroso”, defienden en su comunicado que, según el artículo 5.1 del Código de Deontología Médica, “la profesión médica está al servicio del ser humano y de la sociedad”. Asimismo, en el artículo 5.2 se recoge que “el médico debe atender con la misma diligencia y solicitud a todos los pacientes, sin discriminación alguna”.
APOYO AL GOBIERNO VASCO
Con todo ello, desde el CMB han querido manifestar “su apoyo a las autoridades sanitarias” del País Vasco al tiempo que se ofrecen “en la búsqueda de soluciones”. Y es que, según esta organización médica, el hecho de que haya ciudadanos sin atención sanitaria por carecer de acceso a la sanidad pública y gratuita “plantea serias amenazas a la salud de toda la población”.
En este sentido, hablan de que podría sentar las bases “para la pérdida de control en enfermedades transmisibles e infecciosas, propiciar el establecimiento de bolsas de población no vacunada o mal vacunada, y perjudicar la aplicación de medidas preventivas y de control de eventuales brotes epidémicos”. Finalmente, este Colegio de Médicos incide en que “la inclusión de las personas que se pretende apartar queda justificada por el principio de solidaridad”.