El pasado 24 de abril la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo suspendió cautelarmente la vigencia del Real Decreto 366/2024, de 9 de abril, por el que se traspasan a la Comunidad Autónoma del País Vasco funciones y servicios en materia de homologación y declaración de equivalencia de títulos obtenidos en el marco de sistemas de educación superior extranjeros a un título universitario oficial español. Una medida cautelar que responde a la solicitud planteada por diferentes colegios profesionales. Con ello, queda en 'stand by' la posibilidad de que el Ejecutivo vasco agilice el reconocimiento de los profesionales sanitarios extracomunitarios con el fin de reforzar sus plantillas.
La puesta a disposición de Euskadi de esta capacitación fue un compromiso de Pedro Sánchez con el PNV en el marco de su acuerdo de investidura con los nacionalistas, y que finalmente el presidente se avino a cumplir el pasado febero. Se trata de una competencia que, hasta el momento, estaba en manos exclusivas del Gobierno central y que había llevado a muchas CC.AA. a criticar los largos plazos que debían acometer los extracomunitarios para ver sus especialidades sanitarias reconocida en España. Una circunstancia que llevaba a estas personas a acometer esperas de años para poder ocupar un puesto de especialista en el SNS.
El delegado sindical no ve con buenos ojos este momentáneo paso atrás; especialmente, teniendo en cuenta que "se trata de una competencia que tiene rango de ley, al verse recogido en el Estatuto Autonómico del País Vasco
Para el delegado en Oakidetza del sindicato ESK, Patxi Nicolau, la disposición tomada por el Tribunal Supremo para congelar esta nueva competencia para Euskadi "no es menos que criticable". En este sentido, considera que el Estado español va a utilizar "todas sus armas para mantener la dinámica de centralidad imperante". En este caso, si bien cada CC.AA. dispone de la gestión de sus servicios de salud, lo referente a la convalidación de los credenciales académicos sigue en manos del Gobierno nacional. A la postre, contar con esta función permitiría que el País Vasco pudiera pilotar la llegada de médicos y enfermeras de otros países, en un contexto de falta de sanitarios en todo el país.
En esta línea, Nicolauexplica a ConSalud.es que descentralizar todo tipo de procesos administrativos rema a favor de acelerar los servicios. “Cuanto más cercana este la gestión pública de la comunidad y de la propia población, el funcionamiento de la Administración también será más ágil”, remarca. Por todo ello, el delegado sindical no ve con buenos ojos este momentáneo paso atrás; especialmente, teniendo en cuenta que "se trata de una competencia que tiene rango de ley, al verse recogido en el Estatuto Autonómico del País Vasco".
"Cuanta menos centralidad del Estado, mejor para el buen vivir de los ciudadanos y ciudadanas, para tener una financiación más justa y para utilizar de manera más eficiente sus recursos"
El traspaso de esta potestad a Euskadi desde el Gobierno de Pedro Sánchez había generado malestar en otras CC.AA. y organizaciones profesionales por la discriminación que genera entre territorios. Hasta el punto de que regiones como Aragón pusieron sobre la mesa reclamar estas mismas competencias al Ejecutivo central. Algo que, por otra parte, desde ESK verían de manera positiva, dado que consideran que “todas las Comunidades Autónomas deberían dirigir los procesos relacionados con su asistencia sanitaria”, tal y como "recogen sus respectivos marcos autonómicos", expresa Nicolau.
“Las propias regiones son las que mejor conocen las principales necesidades de sus habitantes. Cuanta menos centralidad del Estado, mejor para el buen vivir de los ciudadanos y ciudadanas, para tener una financiación más justa y para utilizar de manera más eficiente sus recursos. Este mecanismo de homologación de los títulos extranjeros ha de ser extendido al resto de CC.AA., como no puede ser de otra manera”, insiste. Una idea que es compartida por las asociaciones de médicos extracomunitarios en España, que también invitan a que sean las propias autonomías las encargadas de dar luz verde a sus homologaciones. Todo con la esperanza de reducir las esperas -de incluso años- a la hora obtenerlas.
NO SERÁ LA PANACEA
Desde ESK, pese a ser partidarios de que esta competencia se gestione desde Vitoria y no desde Madrid, advierten también que el traspaso de la misma, escenificado entre PSOE y PNV, "se trató de una medida un poco propagandística para justificar que se hace algo, pero que es sólo un parche que no aborda el núcleo del problema: el déficit de profesionales sanitarios en Euskadi", considera el delegado para Osakidetza del sindicato, quien ve esencial que los responsables políticos vascos "articulen, de una vez por todas, un plan de RR.HH. con vistas a presente y futuro”.
A la espera del devenir de esta suspensión cautelar del Tribunal Supremo, lo que Patxi Nicolau tiene claro es que “no hay tanta cantidad de personal migrante como para solventar los problemas de la plantilla de facultativos"
A la espera del devenir de esta suspensión cautelar del Tribunal Supremo, lo que Patxi Nicolau tiene claro es que “no hay tanta cantidad de personal migrante como para solventar los problemas de la plantilla de facultativos". Sin embargo, reconoce que la llegada de los extracomunitarios "siempre es positiva" en todos los campos. "Hay que ofrecer las mayores facilidades posibles a las personas migrante que han venido aquí a trabajar, a cotizar y a aportar al país pueda mejorar sus condiciones laborales e integrarse en la sociedad".
En definitiva, el portavoz de ESK espera que la paralización judicial pueda desencallarse, ya que considera que el recurso ante el Tribunal Supremo no tiene otro objetivo que "un afán político" de querer centralizar el marco de relaciones administrativas del Estado.