El pleno del Tribunal Constitucional ha decidido anular, con siete votos a favor, algunos preceptos del Decreto 114/2012, de 26 de junio, del Gobierno del País Vasco que permitía el acceso a la atención sanitaria a personas inmigrantes en situación administrativa irregular. No obstante, ha habido cinco magistrados que han emitido un voto particular, ya que consideran que el departamento que dirige Jon Darpón puede “ampliar el ámbito subjetivo de la cobertura sanitaria”.
El consejero vasco de Salud, Jon Darpón, ha asegurado que buscará otra fórmula para seguir ofreciendo asistencia sanitaria a inmigrantes 'sin papeles' que lleven tres meses de residencia en esta región
Los magistrados que han votado a favor consideran que la norma vasca choca contra el Real Decreto-ley 16/2012 del Gobierno central que excluye la asistencia sanitaria a estas personas. En concreto, la iniciativa del País Vasco garantizaba seguir prestando una atención sanitaria integral a personas ‘sin papeles’ que contaban con tres meses de residencia en esta comunidad autónoma.
El propio consejero de Salud vasco, Jon Darpón, aseguró hace escasas semanas en sede parlamentaria que estaban estudiando la posibilidad de buscar otra fórmula para que estas personas si puedan seguir disfrutando de asistencia sanitaria en el caso de que la necesiten.
ASOCIACIONES EN CONTRA
Además del rechazo del propio Gobierno vasco a esta decisión del Tribunal Constitucional, algunas asociaciones también han manifestado su oposición. Es el caso de Amnistía Internacional, Médicos del Mundo, Red Acoge, el Centro por los Derechos Económicos y Sociales (CESR), REDER y semFYC.