El 1 de julio de 2011, la comunidad autónoma del País Vasco asumió la transferencia de la sanidad penitenciaria a través de la integración en el Servicio Vasco de Salud-Osakidetza. Se convertía así en la segunda autonomía, junto a Cataluña, con esta transferencia. Casi siete años después, desde el Departamento vasco de Salud han realizado un balance positivo.
Ha sido el consejero Jon Darpón quien ha ofrecido su opinión al respecto en una intervención pronunciada en el Parlamento Vasco. El titular sanitario considera que “la integración de la sanidad penitenciaria en Osakidetza es una realidad consolidada que ha permitido ofrecer a las personas privadas de libertad la misma atención de calidad que al resto de la ciudadanía vasca”.
Durante el 2017 se prestaron un total de 58.028 atenciones a las 1.266 personas internas que permanecen en los tres centros penitenciarios del País Vasco
Entre otras cuestiones, Darpón ha destacado que la sanidad penitenciaria se está beneficiando de “los avances que se están produciendo en Osakidetza”. Es el caso, por ejemplo, del desarrollo de la historia clínica electrónica, del uso de las nuevas tecnologías, de las consultas no presenciales o de la telemedicina. Así, estas iniciativas que “están cambiando sustancialmente la forma de gestionar el sistema sanitario”, también benefician a la atención asistencial a los presos.
Citando a lo ocurrido durante el 2017, el consejero vasco de Salud informó que se prestaron un total de 58.028 atenciones a las 1.266 personas internas que permanecen en los tres centros penitenciarios del País Vasco. En ellos, esta región presta el servicio de Atención Primaria y otros como Ginecología, Odontología, Salud Mental de Psiquiatría y Psicología o Enfermedades Infecciosas, entre otros.
ESPECIFICIDADES DE LA SANIDAD PENITENCIARIA
Cataluña y País Vasco son las únicas comunidades autónomas con la sanidad penitenciaria transferida; a día de hoy no se han dado grandes pasos para que se transfiera al resto de CC.AA.
Durante su intervención, Darpón ha puesto en valor esta transferencia debido a las “especificidades propias” que afectan a la población presa. Por ejemplo, que existe una mayor prevalencia de la enfermedad mental, que afecta hasta un 50% de los internos, o de las enfermedades transmisibles como el VIH, la hepatitis B y C o la tuberculosis.
Igualmente, las personas privadas de libertad tienen mayor riesgo de desarrollar adicciones y trastornos por el uso de sustancias tóxicas. Por otra parte, la sanidad penitenciaria cuenta con características propias como la existencia de procedimientos médico-legales específicos. Por ello, han insistido en los beneficios de reducir el “aislamiento” en el que tradicionalmente se ha desarrollado esta actividad sanitaria.
PENDIENTE DE LA TRANSFERENCIA EN EL RESTO
Cataluña y el País Vasco son las únicas comunidades autónomas que tienen este proceso asistencial integrado en sus servicios de salud. A pesar de que el actual Gobierno anunció al principio de la legislatura su intención de avanzar hacia la transferencia en el resto de comunidades, a día de hoy no se han dado los pasos suficientes como para que esto ocurra en un periodo breve de tiempo.