Hace apenas un mes que el Gobierno de Pedro Sánchez retiró de manera oficial el recurso de inconstitucionalidad presentado por el anterior Ejecutivo de Mariano Rajoy ante el Tribunal Constitucional (TC) sobre la ley catalana de universalización de la asistencia sanitaria.
Tras esta iniciativa, Sánchez va a continuar con su promesa de “reducir la conflictividad” que según Meritxell Batet, ministra de Política territorial, había crecido “desmesuradamente” en los últimos años. En este sentido, la siguiente comunidad autónoma en verse beneficiada va a ser Navarra.
Pese a que hace un mes, el Gobierno navarro anunció que solicitaría asumir la competencia de la sanidad penitenciaria, las partes no han informado si el asunto se ha tratado en la reunión
Recientemente, la presidenta de Navarra acudió al Palacio de la Moncloa para mantener un encuentro con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dentro de la ronda de contactos que está teniendo con presidentes autonómicos. Y según apuntan desde La Moncloa, el jefe del Ejecutivo “ha aceptado retirar el recurso contra Navarra relativo a la asistencia sanitaria universal”.
Cabe recordar que entre 2017 y 2018, el Gobierno de Mariano Rajoy decidió recurrir al menos cinco leyes autonómicas que habían intentado garantizar mediante distintas normas la asistencia sanitaria universal frente al polémico RD 16/2012. Así, el TC dejó suspendidas las medidas de Cataluña, Navarra, el País Vasco, la Comunidad Valenciana o Extremadura.
SIN RASTRO DE LA SANIDAD PENITENCIARIA
Durante la reunión entre Sánchez y Barkos se acordó negociar el traspaso a Navarra de las competencias de tráfico y seguridad vial. No obstante, ninguna de las partes ha informado si se ha tratado el traspaso de la competencia de la sanidad penitenciaria, después de que el Gobierno navarro lo había solicitado hace tan sólo unos meses.
En concreto, el Ejecutivo autonómico que dirige Barkos anunció a finales de septiembre que solicitaría a Pedro Sánchez asumir dicha competencia. En su día, la consejera de Presidencia, María José Beaumont, afirmó que los departamentos implicados estaban realizando informes económicos sobre cada uno de los traspasos pendientes.