El Juzgado de Instrucción número 1 de Murcia ha dictado sentencia sobre la agresión sufrida el pasado mes de marzo a una médica en el centro de salud de Espinardo. El texto condena a la acusada a ocho meses de prisión y una orden de alejamiento por un delito de atentado contra la autoridad, ya que la víctima, en su condición de personal sanitario, cuenta con esta protección legal.
Los hechos tuvieron lugar el pasado mes de marzo de 2024, cuando la agresora acudió al centro de salud de Espinardo-Murcia e irrumpió en la consulta de la doctora cuando esta se encontraba redactando un informe. En ese momento, la condenada exigió, gritando, ser atendida y cuando la médica le indicó que sería atendida enseguida y que esperase su turno en la sala de espera, la agresora se interpuso en la puerta, agarró de un brazo, una mano y de la bata a la doctora y la zarandeó y golpeó mientras la amenazaba diciéndole “yo a ti te mato”.
La víctima sufrió contusiones en el brazo y eritema en el dorso de la mano así como otras consecuencias no físicas
La resolución judicial, que no puede ser recurrida, es categórica: ocho meses de prisión y una orden de alejamiento que prohíbe a la condenada acercarse a menos de 300 metros de la víctima durante un período de ocho meses. El Observatorio contra la Violencia a Sanitarios denuncia que estas agresiones no son casos aislados y subraya la importancia de visibilizar y condenar estos actos para garantizar la seguridad y el respeto hacia los profesionales de la salud, quienes enfrentan cada vez más episodios de violencia en su entorno laboral.
Como consecuencia de este episodio de violencia, la víctima sufrió contusiones en el brazo y eritema en el dorso de la mano, lesiones para las que requirió atención médica y dos días de recuperación; además de una sensación de inseguridad y vulnerabilidad.
El Colegio de Médicos de la Región de Murcia y el Sindicato Médico de la Región de Murcia han promovido recientemente la creación del observatorio contra la violencia a sanitarios de la Región de Murcia, con el objetivo de aunar fuerzas contra las agresiones en el ámbito sanitario.Ambas organizaciones profesionales coinciden en que el grave problema que suponen las agresiones a profesionales sanitarios hace necesaria la implicación y unificación de criterios en el análisis de los factores que desencadenan los episodios de agresión a médicos y de sus consecuencias para el profesional, el sistema sanitario, los pacientes y la sociedad en su conjunto.
Entre los fines de este observatorio, se encuentran: acabar con las agresiones no solo físicas y verbales, sino también los ataques a través de las redes sociales y todas aquellas plataformas en las que se genere inseguridad o miedo al médico; analizar las agresiones a profesionales sanitarios, especialmente a médicos, notificados a través de los servicios constituidos a tal efecto en el Servicio Murciano de Salud y el Colegio de Médicos de la Región de Murcia; denunciar públicamente las agresiones de las que se tenga conocimiento; publicar las sentencias condenatorias y llevar a cabo acciones para dar visibilidad al impacto negativo de la violencia en la relación médico-paciente; mantener contactos y reuniones periódicas con distintos organismos para implementar medidas de protección hacia los trabajadores médicos, tanto en el sector público como en el privado; vigilar el cumplimiento de los acuerdos en materia de riesgos laborales y de protección y seguridad de los trabajadores médicos; promover y difundir actividades formativas dirigidas a médicos para la prevención de las agresiones; así como permanecer vigilantes para recabar la máxima información posible sobre el número de agresiones, teniendo en cuenta que muchas de ellas no se denuncian y, por lo tanto, es difícil hacerse eco de ellas.
OBJETIVOS PRINCIPALES DEL OBSERVATORIO
Por lo que respecta al ámbito jurídico dentro de las funciones ejecutivas del observatorio, destaca la importancia de tres objetivos principales entre los que se encuentra terminar con la impunidad de las agresiones a médicos. “Es crucial que los médicos sean formados para comprender la importancia de presentar denuncia en cada agresión sufrida, no sólo para su protección individual, sino también para salvaguardar a sus compañeros promoviendo un entorno laboral más seguro y solidario”, aseguran. En este sentido, desde el observatorio se propone el asesoramiento de juristas expertos en la materia para que, como víctimas de una agresión, sean protegidos durante la investigación y el procedimiento judicial, estableciendo medidas que eviten el contacto con el agresor.
Otro de los objetivos es conseguir la consideración de las agresiones como “delito público”, y en esta línea enfrenta el desafío de lograr que todas las agresiones a los facultativos se consideren delitos públicos en los tribunales. Esto es posible gracias al estatus que el Código Penal otorga a los médicos como “autoridad en el ejercicio de su profesión”, lo que garantizará un trato judicial adecuado y una mayor protección legal.
Por último el observatorio plantea la responsabilidad de la administración sanitaria, indicando que “trabajará para que la Administración sanitaria asuma un papel activo en la defensa de la protección y seguridad de sus trabajadores”. Sostienen que las autoridades sanitarias deben ser conscientes de su obligación legal de denunciar cualquier agresión a los médicos, y deben estar advertidos de que su inacción podría finalizar con responsabilidades legales por delitos contra la seguridad de sus empleados.