Desde que entrara en vigor el Real Decreto-ley 16/2012, tras su publicación en el BOE el 24 de abril de 2012, ha habido varias comunidades autónomas que han tratado de garantizar a través de distintas leyes que se pueda prestar la asistencia sanitaria de manera universal al conjunto de los ciudadanos, especialmente a extranjeros en situación administrativa irregular.
Esta reacción, sin embargo, ha sido contrarrestada con respectivos recursos de inconstitucionalidad por parte del Gobierno, los cuáles han sido tomados en consideración por parte del Tribunal Constitucional e incluso se han resuelto a favor de ellos, obligando a estas CC.AA. a suspender estas leyes. Aún así, algunas de ellas han asegurado que seguirán asistiendo a todas aquellas personas que lo necesiten.
Las sentencias más recientes han sido las emprendidas por el Tribunal Constitucional frente a normas de la Comunidad Valenciana y el País Vasco; estas dos CC.AA. estudian cóm seguir garantizando la universalidad
La más reciente ha sido la Comunidad Valenciana. Tanto la consejera de Salud, Carmen Montón, como el presidente Ximo Puig, han asegurado que continuarán ofreciendo esta asistencia “a cualquier persona que entre en un centro de salud o en un hospital de la Comunidad Valenciana sin importar su origen o situación”. Para ello, han creado una comisión de expertos con el fin de elaborar una norma que lo permita.
También ha sido actual la suspensión del Constitucional a la norma del País Vasco. Frente a ello, el consejero Jon Darpón ha manifestado la intención del Ejecutivo vasco de “continuar garantizando el acceso universal a la sanidad pública en Euskadi”, tomándola como una “prioridad” para el 2018. En este sentido, están analizando la sentencia del TC con el fin de actuar en consecuencia.
CANTABRIA, EXTREMADURA, CATALUÑA Y BALEARES
Otras CC.AA. también han intentado reaccionar a las acciones del Gobierno o las sentencias del Tribunal Constitucional. Es el caso de Cataluña, que en junio de 2017 aprobó una ley que garantizaba el acceso universal a la asistencia sanitaria en su territorio. Mientras, Baleares ha recurrido al Tribunal Supremo una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares que suspendía una la devolución ejecutada por el Gobierno balear de 8.200 tarjetas sanitarias.
Por su parte, Cantabria también había recurrido la sentencia del TC que anulaba una orden autonómica con la que se regulaba la inclusión en el sistema sanitario de personas sin acceso. Finalmente, Extremadura manifestó que estudiaría la manera de aprobar “normas de rango inferior” después de que el Gobierno recurriera la Ley de Medidas Extraordinarias contra la Exclusión Social, con la que se garantizaba la asistencia a extranjeros no residentes.