La llegada de la jornada semanal de 35 horas a la sanidad pública española ha sido una de las principales reclamaciones de los colectivos profesionales en los últimos años. Sin embargo, al tratarse de una disposición que compete a cada CC.AA., el mapa de los servicios sanitarios autonómicos refleja todavía una falta de uniformidad nacional en este derecho laboral. En concreto, territorios como Navarra, Comunidad Valenciana, Madrid, Aragón o Ceuta y Melilla arrancan 2025 sin haber implementado todavía esta reducción horaria.
De la misma manera, cabe mencionar que en Cataluña la jornada de 35 horas está aplicada únicamente para los profesionales que trabajan en el Instituto Catalán de Salud (ICS), no así para quienes lo hacen en el otro sistema asistencial concertado del que se compone el SISCAT. Además, en el caso de Aragón y la Comunidad Valenciana, existen ya acuerdos sobre la mesa con los sindicatos para implantar de manera progresiva esta reducción de jornada con vistas a 2026. En ambos casos, así como en la mayoría de CC.AA., fruto de diferentes protestas sanitarias vividas entre finales de 2022 y comienzos de 2023.
Aragón alcanzó este pasado diciembre un acuerdo por el que los trabajadores del sistema aragonés de salud dispondrán de una jornada semanal de 35 horas y 40 minutos aplicable desde el 1 de enero de 2025
Otro ejemplo de ello lo encontramos en Galicia, donde el final de la última huelga médica supuso en abril de 2023 la firma de un acuerdo para la llegada de las 35 horas semanales al Servicio Gallego de Salud este 2025. No obstante, desde el colectivo sanitario trasladan que quedan aún algunos flecos por solucionar. En concreto, denuncian que Sergas emitió unilateralmente unas instrucciones que introducen cambios que implican trabajar sábados por la mañana en ciertas categorías profesionales –con compensaciones económicas-.
Por su parte, Aragón alcanzó este pasado diciembre un acuerdo por el que los trabajadores del sistema aragonés de salud dispondrán de una jornada semanal de 35 horas y 40 minutos aplicable desde el 1 de enero de 2025. La reducción de la jornada de 37 a 35 horas semanales se estableció de manera escalonada desde 2024, con vistas a estar plenamente aplicada en 2026. De este modo, el coste económico de la reducción de la jornada, que pasa de las 36 horas y 20 minutos del pasado año a las actuales 35 horas y 40 minutos, supondrá para las harcas aragonesas un total de 8,9 millones de euros este 2025.
En la Comunidad Valenciana todo parecía encaminado para que las 35 horas arrancasen a partir del 1 de enero de 2025. Sin embargo, desde el pasado mes de marzo, fecha de la última mesa técnica para avanzar en la medida, el ejecutivo valenciano parece haber cambiado de parecer. Hasta el punto de que el consejero de Sanidad, Marciano Gómez, deslizase que la nueva jornada se hará efectiva con el calendario pactado para el conjunto de la Administración, o lo que es lo mismo, en el 2026.
En el caso de Navarra, se mantienen las 37,5 horas semanales en la sanidad pública y no se observan visos de que esto vaya a cambiar a lo largo del presente año. En estos momentos la reducción de la jornada laboral no se presenta como la principal prioridad del colectivo sanitario, preocupado por centrarse en reivindicaciones como las mejoras retributivas, la reducción de agendas de pacientes, la eliminación de la exclusividad para los médicos o el abordar la falta de facultativos y la sobrecarga de los centros.
El Ejecutivo madrileño ha centrado sus esfuerzos en implantar estrategias que promuevan un mayor grado de voluntariedad en el encaje del tiempo de guardias y en la conciliación laboral de sus plantilla
De manera similar, la Comunidad de Madrid es otra de las regiones que se resiste a la jornada de 35 horas para sus sanitarios, pese a la creciente presión sindical para llevarla a cabo. Desde el Ejecutivo madrileño han centrado sus esfuerzos en implantar estrategias que promuevan un mayor grado de voluntariedad en el encaje del tiempo de guardias y en la conciliación laboral de sus plantillas. Prueba de ello, la reciente recuperación del abono completo de guardias o el permiso parental de ocho semanas por cuidados.
Las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla tampoco tienen noticia alguna de la intención de Ingesa de reducir la jornada laboral a 35 horas semanales. Algo que no parece sorprender, teniendo en cuenta que el mayor problema sanitario de las ciudades autónomas es la falta de profesionales suficientes para acometer la actual demanda asistencial. En este contexto, y con una realidad que los propios sindicatos médicos locales tildan de “crisis sanitaria”, plantearse que desde el Ministerio de Sanidad les ofrezcan una reducción de jornada parece una utopía.