El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y el Servicio Gallego de Salud (Sergas) han desconectado sus sistemas informáticos, según ha comunicado por escrito el organismo estatal a los pacientes a quienes presta atención. En este contexto, la Asociación de Médicos Interinos de Galicia (Asmig) ha emitido un comunicado en el que señala que, a consecuencia de esta situación, "los médicos de Atención Primaria se ven obligados a ejecutar los informes médicos de seguimiento de los procesos de incapacidad laboral temporal y otras situaciones que, con anterioridad a esta decisión, eran redactados directamente por el INSS".
Asmig ha denunciado que esta "bicefalia administrativa e informática" va en contra de la deseable interactividad entre ambos sistemas y, lejos de respetar la Ley de Protección de Datos, "genera una sobrecarga de trabajo documental a los médicos de Atención Primaria". "Esta situación redunda en un serio empeoramiento de las condiciones laborales, al asumir de forma gratuita una pesada y farragosa labor que anteriormente correspondía a otros funcionarios públicos".
"Esta situación redunda en un serio empeoramiento de las condiciones laborales, al asumir de forma gratuita una pesada y farragosa labor que anteriormente correspondía a otros funcionarios públicos"
Los interinos de Galicia plantean, así mismo, cuál va a ser la función inspectora de un organismo estatal "que no tiene acceso alguno al historial médico de los ciudadanos que solicitan cualquier tipo de prestación, como las prorrogas de seis meses de las bajas por enfermedad o las incapacidades laborales". En ese sentido, Asmig ha anunciado que se cursará, de inmediato, una solicitud a los servicios jurídicos de los colegios médicos para que se aclare si los médicos de atención primaria están obligados a realizar los citados informes o no.
"Esta surrealista situación va a causar un severo compromiso de los derechos asistenciales de los pacientes que, paradójicamente, merecen más atención y seguimiento y se convierten, de nuevo, en rehenes de disputas entre administraciones que solo pueden conducir a un menoscabo de las garantías sanitarias", sentencian.