El Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad Autónoma de Galicia (Tacgal) ha anulado el procedimiento por el cual se adjudicaba los lotes 3, 6 y 7 del concurso para la adjudicación de terapias respiratorias a domicilio a la empresa Esteve Teijin Healthcare.
Los lotes 3, 6 y 7 del citado procedimiento corresponden a las áreas sanitarias de Santiago, Vigo y Pontevedra y es en los únicos que se tuvieron ofertas de más de una empresa, pues el resto de lotes del servicio de terapias fueron adjudicados directamente al único licitador que presentó oferta.
Es por tanto que en las áreas de Santiago, Vigo y Pontevedra se debió entrar a calificar las distintas ofertas técnicas presentadas, por parte de un equipo técnico para cada uno de estos lotes.
El Tribunal entiende que las distintas valoraciones no se ajustan a lo indicado previamente en los pliegos de condiciones
En esta valoración es dónde el Tribunal ha encontrado la base para anular el procedimiento pues a su juicio, entiende que las distintas valoraciones no se ajustan a lo indicado previamente en los pliegos de condiciones que son los que sirven de base para la presentación de ofertas.
Sin ese apoyo en los pliegos, a la hora de valorar, se pueden llegar a cometer incongruencias y defectos en las puntuaciones, cosa que entiende el Tacgal que se ha producido en estos lotes.
Asimismo, el Tribunal, apoyándose en doctrina previa de otros Tribunales Administrativos y el de Justicia de la Unión Europea, entiende que no se pueden introducir en las evaluaciones subcriterios que no han sido fijados previamente en los pliegos de condiciones que son los que sirven de marco de actuación a los licitadores para que se produzca una “sana” competencia entre los mismos.
Por último y como consecuencia de esta resolución, el Servicio Gallego de Salud (Sergas) deberá volver a convocar el concurso para adjudicar las terapias respiratorias domiciliarias, para los pacientes de las áreas de Santiago, Vigo y Pontevedra, aunque ya lo deberá hacer con un pliego distinto que se adapte a la nueva Ley de Contratos del Sector Público que entró en vigor el pasado 9 de marzo.