El sector de las ambulancias se mantiene firme en su intención de renunciar al contrato para prestar el servicio en Galicia. Las concesionarias del 061 alegan que al importe ajustado en el último concurso convocado ahora se unen "costes sobrevenidos" como el aumento del peaje de la AP-9.
Así lo aseguró la Federación Gallega de Empresarios de Ambulancias (Fegam), en un comunicado de prensa recogido por Galiciapress, tras concluir sin acuerdo la reunión celebrada el pasado jueves entre representantes de la patronal y de la Consejería de Sanidad.
"Ante la negativa por parte de la Consejería a concretar una fecha para la convocatoria de un nuevo concurso y a adelantar si el precio será el mismo, los empresarios mantienen su intención de renunciar a los contratos actuales"
La entidad asegura que el encuentro terminó "sin que la Administración gallega aportase alguna solución a la grave situación que atraviesan las empresas concesionarias del 061". A pesar de todos, los empresarios "siguen abiertos al diálogo con el fin de encontrar una solución, antes del 31 de marzo".
"A día de hoy, y ante la negativa por parte de la Consejería a concretar una fecha para la convocatoria de un nuevo concurso y a adelantar si el precio será el mismo, los empresarios mantienen su intención de renunciar a los contratos actuales al no poder garantizar la prestación del servicio más allá del 31 de marzo de 2019 debido a lo deficitario del mismo", advirtieron.
5 MILLONES DE EUROS EN PÉRDIDAS
Los empresarios del sector de las ambulancias sustentan su petición en varios informes económicos que apuntan a que las pérdidas "superan los cinco millones de euros anuales y que son debidas a varios factores, algunos de ellos sobrevenidos a lo largo de los últimos meses", como el incremento del peaje de la AP-9 o "el cambio de las luces de las ambulancias por exigencia legal".
La entidad indica que el importe por el que salieron a concurso los diferentes lotes del servicio de transporte sanitario urgente "fue insuficiente".
Entre otras cuestiones, ahora se añaden varias modificaciones en material laboral: la subida del salario mínimo interprofesional, en vigor desde el 1 de enero de este año y el cambio de la luz de los vehículos de emergencias, recogida en la Orden Ministerial PCI/810/2018 del BOE, cuyo coste estimado es de 250.000 euros y corre a cargo de los empresarios.
"Todas estas exigencias y normativas, unidas a la imposibilidad de obtener crédito en las entidades financieras debido a unos contratos a todas luces deficitarios, han obligado a los empresarios a adoptar la decisión de la renuncia con el objetivo de poner fin una situación insostenible económicamente", alerta la Fegam.