El Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG, por sus siglas en gallego) ha revocado la sentencia del juzgado de los Contencioso-Administrativo número 2 de A Coruña y da la razón, en parte, a la familia de un hombre fallecido como consecuencia del tratamiento recibido en el Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac).
De acuerdo a lo recogido en la sentencia, se realizó un “incorrecto control de la medicación anticoagulante” que derivó en la muerte del paciente. Motivo por el que el Servicio Gallego de Salud (Sergas) tendrá que indemnizar a los herederos de la víctima con un total de 70.000 euros.
Tras producirse la muerte del paciente la familia puso el caso en manos del abogado José María Padín Viaño, que procedió a demandar a la administración. El letrado ha explicado que el fallecido sufrió “una hemorragia cerebral inducida por un incorrecto control del sintrom”, indica señalando que la muerte “era previsible y evitable con un adecuado control de la anticoagulación”.
La muerte “era previsible y evitable con un adecuado control de la anticoagulación”
El TSXG mantiene en la sentencia que el fallecido de 71 años “presentaba antecedentes de fumador de 40 cigarrillos al día, hipertensión arterial, diabetes e insuficiencia renal crónica”. Su ingreso se produjo el 1 de enero de 2015 vía Urgencias en el Servicio de Cardiología del Chuac debido a un infarto de miocardio.
Pasados 19 días el paciente recibió el alta con un triple tratamiento: anticoagulación, doble antiagregación plaquetaria con aspirina y clopidrogel.
Una semana después el paciente acudió a su revisión “desnutrido, con palidez de mucosas, derrame pleural y edema pulmonar”. Desde este momento el Chuac estableció un control, acudiendo en varias ocasiones al centro hospitalario hasta que el 3 de marzo tuvo que ser evacuado de urgencia al hospital donde fue operado de un hematoma subdural. Este derivó en un infarto cerebral y falleció a los dos días.
Tras estudiar el caso el Tribunal ha considerado que los resultados analíticos del fallecido “tenían la necesidad de vigilancia más estricta, que debería extremarse”, por lo que condena al Sergas al pago de los citados 70.000 euros en concept de indemnización a la familia.