Este martes se ha celebrado en la Audiencia Provincial de A Coruña el juicio contra dos personas acusadas de vender a hospitales y farmacias gel hidroalcohólico que fabricaban de forma casera mezclándolo con aguardiente. En la vista, los procesados han llegado a un acuerdo de conformidad por el que han admitido los hechos y han aceptado dos años y tres meses de prisión, aunque ha quedado en suspenso, así como el pago de una multa.
La Fiscalía denunció que durante los meses de la pandemia del Covid-19, "conociendo la escasez y demanda del producto” los acusados se pusieron de acuerdo “para aprovecharse de esa situación". Para ello, elaboraron un gel hidroalcohólico, sin estar autorizados, con el "ánimo de ilícito beneficio y con plena conciencia de que faltaban a la verdad" en el contenido del producto. El gel carecía del mínimo exigible de etanol (70%), que los acusados sustituían por aguardiente con el consiguiente peligro para la salud de los usuarios del producto.
Los acusados, condenados a 21 meses de prisión por un delito continuado de estafa, no entrarán a prisión si abonan una multa y no delinquen durante este periodo
Los acusados usaban un "laboratorio clandestino" en una nave avícola situada en Boiro (A Coruña) en la que fabricaban, etiquetaban y almacenaban el gel ya preparado para ser distribuido. Durante las actuaciones policiales se intervinieron un total de 6.000 litros de gel y unos 400 litros del mismo producto.
Tras admitir los hechos, los acusados han sido condenados a 21 meses de prisión por un delito continuado de estafa, así como a seis meses de cárcel por un delito contra la salud pública. Por este último delito deberán pagar también una multa de 720 euros cada uno, así como devolver las cantidades que se reclaman por parte de los afectados.
Para la rebaja de las peticiones iniciales, la Fiscalía ha tenido en cuenta la reparación del daño causado, ya que, previamente al juicio, depositaron 3.718 euros, que cubren "todos los daños acreditados en las actuaciones".
Además, el presidente del tribunal ha acordado la suspensión de la entrada en prisión de los condenados durante dos años si abonan una multa de 1.440 euros y no delinquen durante este periodo.