La Asociación de Médicos Interinos de Galicia (Asmig) ha presentado una demanda judicial ante el Juzgado Contencioso Administrativo de A Coruña la pasada semana, habiendo sido ya admitida a trámite.
La demanda traslada al TCA la presunta ilegalidad de los ceses tramitados el pasado mes de octubre por la EOXI de A Coruña, mediante los cuales fueron despedidos muchos profesionales a causa de un concurso abierto y permanente de traslados cuya ilegalidad ya había sido anteriormente puesta de manifiesto por Asmig.
Los letrados encargados de la redacción de este demanda pionera en Galicia han sido asesorados en todo momento por magistrados de reconocido prestigio, para los cuales los ceses enviados a los médicos despedidos fueron nulos por defectos de forma evidentes. En algunos casos, muchos de esos médicos siguen en estos momentos en el paro, al haber sido congeladas las listas de contratación de forma unilateral por el Sergas.
Esta demanda es la primera presentada en Galicia contra una política discrecional de recursos humanos llevada a cabo por las EOXI
El texto de la demanda incide en la doctrina del TS, muy clara y contundente acerca de la presunta declaración de nulidad de los despidos producidos en estas circunstancias y contra médicos estatutarios sujetos a una relación laboral temporal. Asmig pretende abrir brecha en el hasta ahora paralítico escenario judicial de Galicia en este ámbito; esta demanda es la primera presentada en Galicia contra una política discrecional de recursos humanos llevada a cabo por las EOXI, que ha ido sistemáticamente contra los médicos de primaria, muchos de ellos despedidos ahora después de muchos trienios de servicios continuados y que no encuentran explicación lógica a su situación de incertidumbre.
Asmig advierte al Sergas acerca de la crucial importancia de esta demanda, que supondrá un punto de inflexión en las relaciones laborales de la sanidad pública. El Sergas podría verse obligado a readmitir en idénticas condiciones laborales a todos los interinos y temporales cesados o, en caso contrario, hacer frente a cuantiosas indemnizaciones que, en algunos casos, pueden ascender a más de 50.000 euros por profesional.