El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes un Decreto-Ley de medidas urgentes para el fomento del juego responsable en la Comunidad Autónoma de Extremadura, que modifica la Ley del Juego de 1998 y que responde al mandato de la Asamblea de Extremadura sobre esta materia.
La aprobación de este decreto-ley, ha señalado Guillermo Fernández Vara, presidente de la Junta de Extremadura, está motivada por la proliferación de sistemas de apuestas deportivas online, el incremento de establecimientos de juego y la consiguiente alarma social ante el riesgo de conductas adictivas, sobre todo en menores y colectivos vulnerables.
Está motivado por la proliferación de sistemas de apuestas deportivas online y el incremento de establecimientos de juego
Asimismo, el presidente ha indicado que los objetivos del decreto-ley son promover la protección de los sectores más vulnerables, especialmente de los menores, los jóvenes y adolescentes; evitar hábitos y conductas patológicas; garantizar la defensa de los consumidores; ponderar las repercusiones sociales, económicas y tributarias del juego; y reducir, diversificar y no fomentar el hábito de juego.
Gracias al Decreto-Ley se establece que entre los establecimientos y los centros públicos y privados de educación tiene que haber una distancia mínima de 300 metros de puerta a puerta. Además, la distancia mínima entre establecimientos, en los núcleos urbanos, será de 250 metros.
Esta iniciativa, ha añadido el presidente, prohibirá el acceso al juego a menores de edad; personas inscritas en el Registro de Limitaciones de Acceso (que voluntariamente soliciten su inscripción); directivos y accionistas de las propias empresas de juego; colectivos implicados en acontecimientos deportivos sobre los que se realice la apuesta; y funcionarios que ejerzan funciones de control e inspección.
Solo las empresas con autoridad administrativa podrán poder publicidad de apuestas
El nuevo texto normativo establece un régimen de sanciones cuya recaudación revertirá en asistencia y demás actuaciones en esta materia. También establece la obligación de un control de admisión en la entrada y otorga la función de inspección, vigilancia y control a la consejería competente en esta materia, que es la de Hacienda y Administración Pública, y a la Policía Local la función de autoridad en esta materia.
Por lo que respecta a la publicidad, ésta debe estar regulada por norma estatal, en base a la Constitución, y respetar la protección de menores. Solo la podrán realizar empresas que cuenten con autorización administrativa y no podrá contener imágenes sexistas, xenófobas o discriminatorias.
Además, deberá cumplir con los principios del juego responsable y advertir de que la práctica de juego puede producir ludopatía, así como promover los mecanismos de prohibición en equipaciones, instalaciones, patrocinio o similares de todo tipo de apuestas deportivas.