El Consejo de Gobierno de Extremadura ha aprobado este martes dos medidas destinadas a atender a personas con enfermedad mental grave y a familias en riesgo de exclusión social, dotadas con un presupuesto de 2.185.170 euros en total, según ha informado en rueda de prensa la consejera de Igualdad y portavoz de la Junta de Extremadura, Isabel Gil Rosiña.
Por una parte, el Ejecutivo ha autorizado la contratación del servicio de 12 plazas en pisos supervisados para personas con trastorno mental grave en Don Benito, 8 plazas en pisos supervisados para personas con trastorno mental grave en Zafra y 4 plazas en pisos supervisados para personas con discapacidad intelectual y trastorno de conducta en Montijo, por un importe total de 1.005.510,08 euros.
Con los nuevos recursos en Don Benito y Zafra se pretende ampliar, ha señalado Gil Rosiña, las 206 plazas de que dispone la Comunidad Autónoma “en recursos residenciales comunitarios para personas con trastorno mental grave, tanto en centros residenciales de rehabilitación como en pisos supervisados”.
El contrato incluye plazas en pisos supervisados para personas con discapacidad intelectual y trastorno de conducta
También como novedad, Gil Rosiña ha subrayado que el contrato incluye plazas en pisos supervisados para personas con discapacidad intelectual y trastorno de conducta (4 en Montijo), lo que supone la creación de esta tipología de plazas en Extremadura.
Esta medida cuenta con financiación del Fondo Social Europeo en un 80 por ciento del presupuesto, según ha explicado la portavoz del Ejecutivo, quien ha destacado, además, que mediante este contrato se pretende mejorar la financiación y la estabilidad presupuestaria de las plazas en pisos supervisados para personas con trastorno mental grave.
La consejera ha aclarado que de la fórmula que se ha utilizado hasta ahora (financiación vía subvención de fondos autonómicos) se pasa a la de un contrato administrativo con financiación del Fondo Social Europeo.
Todo ello supondrá una mejora importante en la red residencial comunitaria tanto para personas con trastorno mental grave como para las personas con discapacidad intelectual y trastorno de conducta, suponiendo estos recursos una alternativa a la hospitalización prolongada y a la institucionalización.
La segunda medida de carácter social que ha mencionado la portavoz del Ejecutivo es la autorización para la convocatoria de subvenciones destinadas a la financiación del Programa de Prevención con Familias y Menores en Riesgo Social para el año 2019, por un importe de 1.179.660,60 euros.
Se trata, ha dicho Gil Rosiña, de una medida ya consolidada puesto que se implantó a mediados de la década de los años ochenta del pasado siglo, y supone un “apoyo fundamental” para familias en situaciones de riesgo de exclusión social que cuentan con hijos menores a su cargo.
Podrán optar a estas ayudas las mancomunidades integrales de municipios y los ayuntamientos de las localidades que cuenten con más de 10.000 habitantes. La asignación económica que se concederá por parte de la Administración de la Comunidad Autónoma para financiar los gastos del programa será de 26.810,46 euros para cada una de las entidades públicas que resulten beneficiarias.