La consejera de Salud y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, Sara García Espada, ha apelado este jueves a la "buena voluntad de las partes" para alcanzar un acuerdo y firmar el convenio colectivo del transporte sanitario terrestre, para poder sacar el nuevo pliego de adjudicación de este servicio.
De esta forma se ha pronunciado García Espada en el pleno de este jueves en la Asamblea de Extremadura, ante una pregunta de Vox sobre las acciones que prevé tomar la Junta de Extremadura "para solucionar el conflicto laboral existente con los trabajadores de Transporte Sanitario Terrestre".
Las subidas salariales a estos trabajadores no se les "aplicarán hasta que haya adjudicación y eso puede tardar desde un año a no hacerse realidad, como ya ha pasado en el último pliego"
En la formulación de su pregunta, el portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Óscar Fernández Calle ha lamentado que el transporte sanitario "se cataloga como esencial, pero que solo es esencial cuando hay elecciones o se está en la oposición", ya que cuando se gobierna, "parece que se arregla diciendo que está garantizado hasta el 2027", o bien "publicar unos pliegos con mil errores, los cuales casi ninguna empresa quiere asumir por la falta de un convenio que dé seguridad jurídica a esa adjudicación".
Unos pliegos que "nunca fueron consensuados con los profesionales del sector", ha apuntado Fernández Calle, quien se ha hecho eco de las quejas del comité de empresa de Ambuvital en Cáceres, tras lo que ha apuntado que las subidas salariales a estos trabajadores no se les "aplicarán hasta que haya adjudicación y eso puede tardar desde un año a no hacerse realidad, como ya ha pasado en el último pliego".
"De nada vale tener mil reuniones con un Gobierno, si ese Gobierno no es capaz de asumir sus responsabilidades con un servicio esencial"
Por eso, el diputado de Vox ha considerado que "de nada vale tener mil reuniones con un Gobierno, si ese Gobierno no es capaz de asumir sus responsabilidades con un servicio esencial", por lo que ha reclamado la necesidad de "tener de una vez un transporte sanitario terrestre que cumpla con las expectativas sanitarias asistenciales", y que "pueda dar fiabilidad a los usuarios y a los trabajadores", ha dicho. Según ha señalado Óscar Fernández, "se tiene una deuda con este sector que lleva dando la cara, pese a las malas decisiones actuales y pasadas, y nunca ha dejado de cumplir con su obligación", ha concluido.
SARA GARCÍA DESTACA LA "APUESTA" DE LA JUNTA
En su respuesta, la consejera de Salud y Servicios Sociales ha explicado que el Ejecutivo extremeño "no se conformó" con un pliego en vigor hasta el 2027, sino que se puso "manos a la obra nada más llegar para sacar un nuevo pliego", con el objetivo de que "mejorara las condiciones del servicio a todos los usuarios y las condiciones laborales de los trabajadores del sector".
Ahora, "las acciones inmediatas pasan ahora por la firma del convenio, del que el Gobierno no forma parte y que en agosto era inminente, pero en diciembre aún no ha visto la luz", ha apuntado la titular de Salud, por lo que ha señalado que hubieran "seguido sin nuevo pliego de haber esperado este convenio".
"Jamás un Gobierno ha hecho una apuesta tan potente para el transporte sanitario"
Ante esta situación, García Espada ha señalado que la Junta de Extremadura "trabajó de forma ímproba" y "cumplió", por lo que ahora "deben ser las partes del convenio las que con sensatez y responsabilidad acuerden unas condiciones dignas y tan necesarias para los trabajadores del sector", ha resaltado.
En ese sentido, García Espada ha asegurado que "jamás un Gobierno ha hecho una apuesta tan potente para el transporte sanitario", ya que el nuevo Ejecutivo regional lo ha dotado de "un incremento de 26 millones de euros anuales, una mejora del servicio con una dotación histórica de 466 ambulancias, una mejora salarial para los trabajadores de un 17 por ciento, similar al incremento del salario público de los trabajadores desde el 2017 y, además, aparejado a un descenso de 1.800 horas de la jornada laboral", ha explicado.
Un incremento que "provocó que agentes sociales agradecieran el esfuerzo de la Administración por mejorar los costes salariales, a pesar de no tener convenio", pero sin embargo, ha apuntado la consejera, "la Federación Nacional de Empresarios de Ambulancias consideró recurrir dicha cláusula social", y la Comisión Jurídica lo ha estimado.
Una decisión que "respetamos, como no puede ser de otra manera el dictamen como órgano independiente", pero tras lo que Sara García ha apuntado que "llegados a este punto, la solución no está en el Gobierno, la solución está en una negociación coherente y responsable entre los agentes sociales y la patronal para unas mejoras que necesita el sector sin más demora".
Por eso, "una vez que ellos acuerden el convenio adaptado al momento inicial, de nuevo el procedimiento de licitación nos comprometemos a iniciarlo, teniendo como referencia el compromiso y esfuerzo presupuestario hecho público", ha resaltado la consejera de Salud, quien ha concluido apelando a la "buena voluntad de las partes, porque solo así los ciudadanos extremeños por fin tendrán el transporte sanitario que esperan y que merecen".