La Comisión Jurídica de Extremadura ha anulado la licitación del transporte sanitario terrestre en la región tras el recurso interpuesto por la Federación Nacional de Empresarios de Ambulancias (ANEA) al pliego que sacó la administración autonómica.
La consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada, ha informado de la resolución de la Comisión Jurídica, conocida en la tarde de este martes, en una rueda de prensa en Mérida en la que ha recordado que la Junta "prometió y cumplió" al sacar un nuevo pliego de licitación, a pesar de que el vigente podría prorrogarse hasta 2027.
El nuevo pliego del transporte sanitario terrestre estaba dotado con un incremento de 26 millones de euros, lo que suponía, ha señalado, una mejora del servicio con una "dotación histórica" de 466 ambulancias, que vendría a paliar un descenso en los retrasos que sufren los usuarios y, además, una mejora salarial a los trabajadores, con un descenso a 1.800 horas su jornada laboral.
"La cláusula social que pusimos sobre la mesa y que el pliego sale con el beneplácito de los informes internos de la administración ha sido recurrida y ha sido anulada por la Comisión Jurídica"
Dicho pliego que vio la luz en septiembre fue recurrido por la Federación Nacional de Empresarios de Ambulancias y en la tarde de este martes se ha tenido conocimiento de la resolución de la Comisión Jurídica a dicho recurso que anula la cláusula social con la que la Junta pretendía las mejoras salariales para los trabajadores. Por ello, y llegados a este punto, García Espada ha instado a la patronal y a los sindicatos a que formalicen el preacuerdo que anunciaron en verano y consigan un convenio laboral "acorde al 2024" y no el vigente, que data del 2017.
"Existe una conflictividad laboral en el sector. La administración tiene el compromiso de que mejore el servicio que hay que prestar con unas condiciones dignas a los trabajadores, pero, repito, la cláusula social que pusimos sobre la mesa y que el pliego sale con el beneplácito de los informes internos de la administración ha sido recurrida y ha sido anulada por la Comisión Jurídica", ha insistido.
MENSAJE DE TRANQUILIDAD
Al respecto, la consejera de Salud ha querido transmitir un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos, ya que el servicio está asegurado al menos hasta el 2027 pero ha instado a la patronal y a los sindicatos a que "no alarguen" más esta cuestión. "Necesitamos ese convenio, la administración ha puesto todo de su parte con el incremento del importe y la cláusula social para articular lo que llegara a estos trabajadores, pero nos comprometemos como administración a que en el momento que haya un convenio actualizado que asegure que el incremento del importe va destinado a los servicios y a los salarios de los trabajadores, sacaremos un nuevo pliego acorde a ese convenio", ha asegurado.
La consejera, a preguntas de los medios, ha explicado que la Federación Nacional de Empresarios de Ambulancias interpuso el recurso y el motivo principal era debido a la cláusula social, "que es lo que ha anulado hoy la Comisión Jurídica".
"Nosotros, como Administración, estamos dispuestos a sacar un nuevo pliego una vez que tengan un convenio que lo sustente porque la posibilidad que teníamos de sacarlo ha salido en tiempo y forma y ellos mismos, la Federación de Empresarios, la han recurrido"
Así, ha añadido que la Comisión Jurídica establece que la cláusula social, que contenía un incremento de hasta el 17 % del salario de los trabajadores y un descenso de las horas, no es aplicable en esta licitación, entre otros motivos porque "no existe el convenio". Por ello, ha reiterado su petición a la patronal y a los sindicatos de que ratifiquen el preacuerdo y "no alarguen más esto", además de recordar la "voluntad de la administración," regional, estableciendo "un incremento histórico" y realizando un "esfuerzo ímprobo" por el sector y por los usuarios.
"Nosotros, como Administración, estamos dispuestos a sacar un nuevo pliego una vez que tengan un convenio que lo sustente porque la posibilidad que teníamos de sacarlo ha salido en tiempo y forma y ellos mismos, la Federación de Empresarios, la han recurrido", ha asegurado. En este sentido, García Espada ha recordado que, este recurso, en Aragón no ha prosperado aunque, frente a ello, la Comisión Jurídica de Extremadura ha entendido que "no puede ser objeto de contrato".