El Servicio de Urgencias del Hospital Comarcal de Melilla ha vuelto a vivir una nueva agresión contra una profesional sanitaria y, como consecuencia de los hechos, una persona fue detenida por una dotación de la Policía Nacional.
Según explican desde Sanidad, los hechos sucedieron cuando se atendía a un paciente en la consulta de triage del Servicio de Urgencias. El paciente, en tratamiento psiquiátrico, que estaba acompañado por dos vigilantes, se encaró con la enfermera que le realizaba las preguntas correspondientes para evaluar el caso. Acudió entonces la médico de Urgencias, quien leyó la historia de la asistencia y cuando se dio la vuelta, sin mediar palabra, el paciente le golpeó la cara con fuerza, cayendo la profesional médico y golpeándose en la cabeza con la mesa.
Como consecuencia de la agresión, la profesional sanitaria fue atendida en Urgencias con la realización de un TAC y se emitió parte de lesiones
Como consecuencia de la agresión, la profesional sanitaria fue atendida en Urgenciascon la realización de un TAC y se emitió parte de lesiones, antes de acudir al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y, seguidamente, a la Asesoría Jurídica como pasos previos a la presentación de la correspondiente denuncia en un juzgado de la ciudad que realizó junto a la enfermera citada anteriormente.
Desde la Gerencia del Área Sanitaria, dentro de la 'Instrucción 3/2017, de la de la Secretaría de Estado de Seguridad del Estado sobre medidas policiales a adoptar frente a agresiones a profesionales de la salud', se comunicó al interlocutor policial territorial sanitario de Melilla lo ocurrido y se le anunció la presentación de la denuncia.
En este contexto, el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) ha condenado los hechos "enérgicamente" y "rechaza la agresión sufrida por una profesional de la sanidad pública". Asimismo, le ha mostrado su "apoyo ante estos lamentables hechos, manteniendo su voluntad en la prevención y la decisión de perseguir legalmente estos deleznables actos". El Ingesa, como es habitual, se ha personado en el caso judicial y ha pedido que esta agresión física sea considerada como un atentado contra la autoridad en el ejercicio de servicio público.