A la espera de que se concreten los detalles del acuerdo de investidura entre el PSC y ERC que ha erigido a Salvador Illa como nuevo presidente de la Generalitat de Cataluña, todo apunta a que el nuevo pacto de financiación para la región tendrá una especial incidencia en los presupuestos destinados a sanidad. En la propia Cataluña y en el conjunto del territorio nacional. No en vano, se estima que podría suponer a medio plazo un trasvase anual de entre 6.600 y 13.200 millones de euros desde la caja común del Estado hacia la Hacienda catalana.
En este sentido, la región gobernada por Illa adoptaría un status económico similar al Concierto Económico del País Vasco y al Convenio Económico de Navarra, que permiten a estas CC.AA. recaudar todos los impuestos generados en sus territorios y luego contribuir a la cartera común en base a unas cantidades negociadas. De esta manera, serían ya tres los territorios que disfrutarían de esta autonomía fiscal. Algo que ha generado un debate político y económico acerca del impacto negativo en la equidad y cohesión territorial que esto implicará para el país, en especial para los llamados servicios públicos fundamentales: sanidad, educación y servicios sociales.
“Se generarían, inevitablemente, mayores desigualdades y el Gobierno central -atado de pies y manos- dispondría de menos recursos propios para abordar todo lo que tiene que hacer”
De esta opinión es el director ejecutivo de Fedea, Ángel de la Fuente, quien reconoce a ConSalud.es que el acuerdo de financiación entre PSOE y ERC supone “más dinero para Cataluña y menos para los demás territorios nacionales”. Una circunstancia contraria a la idea de solidaridad entre las CC.AA. más avanzadas y aquellas con mayores carencias. De esta manera, existirán menos recursos a repartir entre el resto de comunidades y menos recursos también para las políticas sociales que impulsa el Gobierno en el ámbito nacional.
El experto económico considera que esta senda que pretende abrir el Ejecutivo de Pedro Sánchez supondría dirigirnos hacia un “Estado federal asimétrico”, donde los territorios ricos “reducirían su aportación a la solidaridad”. En este contexto, “se generarían, inevitablemente, mayores desigualdades y el Gobierno central -atado de pies y manos- dispondría de menos recursos propios para abordar todo lo que tiene que hacer”. Un escenario que cambiaría las actuales reglas del juego en la cohesión nacional y que sería para De la Fuente una “muy mala idea”.
REPERCUSIÓN EN SANIDAD
La sanidad suele ser el ámbito que más recursos presupuestarios acapara entre los diferentes departamentos autonómicos. La merma económica para el conjunto del Estado que supondría mejorar la financiación de Cataluña –u otras CC.AA., en su caso- “tendrá que salir irremediablemente de algún sitio”. La hipótesis desde Fedea es que, si ninguna comunidad puede perder financiación, el Estado tendrá que “ajustar a la baja su gasto”, reduciendo las prestaciones de su competencia, o bien “aumentar la presión fiscal sobre la población sujeta a sus tributos”.
“El actual marco no es tan equitativo como a algunos nos gustaría que fuera, pero, al menos, no es excesivamente desigualitario”
La sanidad constituye una competencia autonómica, por lo que De la Fuente explica que el Gobierno central “no recortaría directamente sobre ella, salvo en aspectos muy específicos que le competen –Ceuta y Melilla-”. Sin embargo, aclara también que, al haber menos dinero en las arcas comunes, habría que ver “cómo se ajusta” esta descompensación; pues “si una parte de este ajuste recae sobre las comunidades autónomas, su sanidad seguramente sufrirá, dado que es uno de los principales focos de gasto en las políticas autonómicas”.
En este sentido, pese a que las diferentes regiones gestionan su ámbito sanitario propio a través de su Consejería en el ramo, no están exentas de cierta dependencia estatal en muchos campos. Por ejemplo, en lo relativo a una cartera de servicios y normas compartidas para todas las autonomías, así como en lo que respecta a tomar parte en una financiación dentro del régimen común. “El actual marco no es tan equitativo como a algunos nos gustaría que fuera, pero, al menos, no es excesivamente desigualitario”, refleja el director ejecutivo de Fedea.
“Calculamos que Cataluña tendrían entre un 25% y 50% más de financiación. Una parte de la cual, seguro, terminarían destinándose a la sanidad catalana y a mejorar sus prestaciones”
Por otro lado, en lo que se refiere a Cataluña, los entre 6.600 y 13.200 millones de euros extra que se embolsarían cada año le permitirían dedicar mayores recursos a sus servicios esenciales y, en concreto, al departamento de Salud. “Calculamos que tendrían entre un 25% y 50% más de financiación. Una parte de la cual, seguro, terminarían destinándose a la sanidad catalana y a mejorar sus prestaciones”, asegura De la Fuente, quien insiste en que, a cambio de ello, “habrá que ver qué pasa –entre otras- con la sanidad extremeña o andaluza”.
Con todo por dilucidar, el próximo mes de septiembre está prevista una Conferencia de Presidentes en Cantabria para abordar la falta de vivienda en España. Un marco ideal para que todos los responsables autonómicos y Pedro Sánchez puedan compartir sus impresiones sobre esta medida incluida en el pacto de investidura de Salvador Illa. “La tentación de que regiones como Madrid o Baleares quieran lo mismo existe. A ver cómo les dices que no cuando se lo has dado a Cataluña”, concluye el director ejecutivo de Fedea.